Madrid aprobará Ley de Defensa del Contribuyente, entrará en vigor a fin de año

El Consejo de Gobierno de la Comunidad dará luz verde al proyecto de ley a lo largo del mes que viene para su posterior tramitación en la Asamblea regional. La norma busca garantizar la seguridad jurídica y agilizar las gestiones tributarias.

La baja fiscalidad es, desde hace años, una de las piedras angulares de la política económica de la Comunidad de Madrid bajo la premisa de que un entorno impositivo moderado y decreciente espolea la inversión, alienta la actividad y genera riqueza y empleo por la vía del ensanchamiento de las bases de recaudación. Pero su modelo, cuyo margen de maniobra está circunscrito a los tributos cedidos a las Ccaa (tramo autonómico del Irpf, ITP y AJD, tributos sobre el juego, o el Impuesto de Patrimonio, aunque éste ahora condicionado por el llamado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas), convive inevitablemente con un marco tributario estatal que no es precisamente comprensivo ni indulgente con los contribuyentes, ya sean empresas o particulares, y que da lugar a una gran litigiosidad.

Con este telón de fondo, en el que el actual modelo estatal sitúa al contribuyente en una posición de "inferioridad" frente a Hacienda, según denuncian los empresarios, la Comunidad de Madrid enfila la aprobación de su proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los madrileños, agilizar sus gestiones tributarias y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. O también, como dijo en su día la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, una norma que proteja a los contribuyentes madrileños de los posibles "excesos" de la Agencia Tributaria.

La norma, anunciada por primera vez en mayo de 2023, aun antes de la cita con las urnas que otorgó a Ayuso su actual mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, enfila ahora su recta final. Tras haber cumplido el periodo de audiencia pública entre febrero y marzo pasados, el Consejo de Gobierno de la Comunidad dará luz verde en junio al proyecto de ley para su posterior envío a la Asamblea regional, donde iniciará su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor antes de final de año, dando así cumplimiento a una de las grandes promesas electorales de la mandataria madrileña.

Ante una Hacienda estatal que, según lamentan los empresarios madrileños, castiga con igual dureza las conductas claramente dolosas y aquellas otras atribuibles a meros errores o negligencias, la futura ley madrileña buscará una relación más amable, justa y equilibrada entre su Administración tributaria y los contribuyentes con el fin de incentivar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones, mejorando, por ejemplo, la posibilidad de rectificar errores cuando no se hayan cometido con mala fe.

La Administración tributaria, obligada a disculpas formales

Así, la nueva ley incorpora mecanismos de cortesía institucional que son pioneros, entre los que sobresale, por ejemplo, la obligación por parte de la Administración tributaria madrileña de pedir disculpas formales cuando una sentencia en firme reconozca una vulneración de derechos. Además, se agradecerá expresamente la colaboración de los ciudadanos en aquellos procesos de inspección que culminen sin sanción.

"Se trata de reconocer el error y pedir perdón ante situaciones que no son agradables para los ciudadanos y que pueden generar meses de estrés, inversión de recursos y sobre todo el empleo de muchísimo tiempo para poder recopilar información que justifique que la Administración ha incurrido en una equivocación", señala a Exoansión la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, de cuyo departamento pende la nueva ley.

La futura regulación, que solo se aplicará a los tributos cedidos, buscará que "los derechos de los contribuyentes sean reales y efectivos en la práctica", señala el Ejecutivo autonómico, con la brújula puesta en una atención al contribuyente confidencial, gratuita y adaptada a su perfil.

Oficina del Defensor del Contribuyente

La ley traerá consigo la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá, renovará y potenciará la anterior figura del Defensor del Contribuyente. El objetivo es, mediante un armazón técnico más robusto, agilizar la tramitación de las quejas o reclamaciones de los contribuyentes, ya sea por retrasos indebidos, incidencias electrónicas o deficiencias en el trato. Junto a este mecanismo de resolución de litigios, la nueva ley pondrá en marcha una carpeta tributaria individualizada que incluirá toda la información fiscal del contribuyente y que permitirá un seguimiento en tiempo real de los trámites.

Con la norma que ahora entra en su recta final, Madrid quiere mostrar "un total y absoluto respeto hacia la figura de los contribuyentes, que son los que con sus impuestos sostienen todo el peso de los servicios públicos", señala Rocío Albert, quien añade que "tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para facilitar su relación con la Administración, y evitar cualquier tipo de error eludible por parte de cualquiera de las partes y que luego desemboque en reclamaciones, pleitos o situaciones desagradables".