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Máxima Corte de México invalida segunda parte del Plan Electoral de López Obrador

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La propuesta fue recibida con algunas de las protestas más grandes vistas durante el mandato del presidente de izquierda

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El tribunal supremo de México invalidó la segunda mitad de una reforma electoral apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que había recibido críticas generalizadas por requerir cambios poco antes de las elecciones federales de 2024.

Un conflicto de larga data entre el regulador electoral de la nación y el presidente lo llevó a proponer cambios que reducirían los costos en el proceso electoral. Los jueces de la Corte Suprema votaron el jueves a favor de invalidar la parte de la reforma que podría haber provocado recortes de empleos dentro del regulador electoral de la nación. En un fallo similar el mes pasado, los jueces anularon la primera parte de la legislación.

“Es una invasión y una intromisión del Poder Legislativo”, dijo Amlo, como se conoce al presidente, en conferencia de prensa este jueves, anticipando que los magistrados anularían también la segunda parte. “Están defendiendo a una minoría conservadora”.

La propuesta fue recibida con algunas de las protestas más grandes vistas durante el mandato del presidente y se convirtió en un grito de guerra para los miembros de la oposición política. El presidente reiteró este jueves una propuesta para reformar la ley para que los jueces sean elegidos por voto popular, argumentando que sería una forma más directa de que los mexicanos tengan voz en lo que se considera justicia. Su conflicto con la corte se ha vuelto cada vez más público luego de que invalidara una serie de reformas que él impulsó.

El tribunal dijo que anuló la propuesta electoral por motivos de procedimiento, con nueve de los once magistrados votando a favor de la decisión y argumentando que hubo irregularidades en el proceso legislativo. La presidenta de la Corte Suprema, Norma Piña, había adoptado una postura similar en el fallo anterior sobre la reforma electoral, afirmando que todas las fuerzas políticas debían ser escuchadas durante las deliberaciones del Congreso y que se debía permitir el tiempo adecuado para el debate.

Los opositores a la reforma también argumentaron que la legislación podría afectar el próximo ciclo electoral a mediados de 2024, cuando se elija un nuevo presidente.

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