Meta enfrenta amenaza de US$1 billón en histórico juicio por adicción a redes sociales

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Meta Platforms Inc. comparecerá ante los tribunales el martes para un enfrentamiento crucial con una coalición de fiscales generales estatales por las acusaciones de que la compañía diseñó deliberadamente Facebook e Instagram para fomentar el uso compulsivo entre los usuarios jóvenes.

En un caso que supone un riesgo enorme para una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo, los máximos responsables jurídicos de 29 estados buscan no solo cuantiosas sanciones económicas, sino también órdenes judiciales que podrían obligar a Meta a cambiar la forma en que opera sus plataformas.

El juicio con jurado en un tribunal federal de Oakland, California, se produce en un momento en que las empresas de redes sociales se enfrentan a una reacción global por la preocupación de que obtengan beneficios a expensas de los usuarios jóvenes, para quienes un creciente número de investigaciones demuestra que el uso intensivo de las plataformas basadas en algoritmos puede ser peligrosamente perjudicial para la salud.

Si bien las autoridades de Australia y Europa han promulgado o propuesto prohibiciones directas para los jóvenes en el último año, las medidas represivas legislativas en Estados Unidos han tenido un éxito limitado, lo que ha convertido a los tribunales en un campo de batalla crucial.

El juicio de Meta es especialmente trascendental porque se centra en presuntas violaciones de las leyes estatales de protección al consumidor y las leyes federales de privacidad, que conllevan multas de hasta US$20.000 por infracción, cantidad que puede acumularse rápidamente al multiplicarse por millones de jóvenes usuarios de Instagram y Facebook.

Según los propios cálculos de Meta, si pierde el juicio podría enfrentarse a multas de hasta US$1.4 billones de, una cantidad cercana a su capitalización bursátil y sin precedentes en los anales de la historia jurídica.

“En este caso, lo que está en juego no podría ser más importante”, dijo Eric Goldman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, especializado en derecho de internet.

Si bien los fiscales generales no han revelado públicamente la cantidad exacta que solicitan en concepto de multas, Megan O'Neill, abogada de California, calculó la cifra en torno a los US$193,000 millones durante una audiencia judicial la semana pasada, sugiriendo que Meta se refería a la cantidad teórica más alta con fines "impactantes".

Incluso la cantidad menor estaría entre las mayores indemnizaciones por litigios jamás pagadas, comparable al acuerdo de US$206,000 millones que los fiscales generales estatales alcanzaron con las compañías tabacaleras por la adicción al cigarrillo en 1998.

Posible exposición

Otros gigantes de las redes sociales, como Google (de Alphabet Inc.), Snap Inc. y TikTok, no participan en este juicio. Sin embargo, al igual que Meta, todos se enfrentan a posibles pérdidas multimillonarias derivadas de más de 3,000 demandas por lesiones personales presentadas por individuos y familias en Estados Unidos, y cerca de 1,300 demandas adicionales interpuestas por distritos escolares públicos en todo el país. Algunos casos ya se han resuelto extrajudicialmente, evitando así los juicios, mientras que se prevén otros casos emblemáticos en los próximos meses.

Los abogados que impulsan estos casos han ganado terreno en los tribunales al argumentar que los propios productos, a través de su diseño y funcionalidad, han causado daños, en lugar de atacar el contenido, para el cual las plataformas están ampliamente protegidas de responsabilidad.

Esta estrategia, que llevaba varios años gestándose, tuvo éxito en su primera prueba cuando un jurado de Los Ángeles otorgó en marzo US$6 millones a una mujer de 20 años que afirmó que el uso ininterrumpido durante más de una década de sitios web como Instagram de Meta y YouTube de Google le había provocado ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

'Pago escandal

Meta ha negado las acusaciones de los estados y ha acusado a los fiscales generales de solicitar cambios de diseño irrazonables y una "indemnización desorbitada".

En el juicio, el jurado actuará únicamente en calidad de asesor. La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers decidirá en última instancia si Meta es responsable de algún delito y, de ser así, qué pena y medidas correctivas se le impondrán.

Los fiscales generales que encabezan el caso, de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, alegan, en virtud de las leyes de sus respectivos estados, que Meta diseñó a sabiendas funciones que fomentaban el uso compulsivo y prolongado de sus plataformas por parte de los jóvenes, al tiempo que engañaba a los consumidores sobre las funciones de seguridad de sus plataformas.

El grupo bipartidista más amplio, integrado por 29 estados, acusa a la empresa de recopilar datos de usuarios menores de 13 años, en violación de la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.

Usuarios más jóvenes

Además de solicitar una orden judicial que obligue a Meta a restringir el acceso de los usuarios más jóvenes a sus plataformas, los estados buscan forzar a la empresa a eliminar funciones supuestamente adictivas como el desplazamiento infinito y sus sistemas de recomendación de contenido.

“Estamos preparados para exigirle responsabilidades a Meta por su papel en el fomento de la crisis de salud mental de los niños estadounidenses y esperamos con interés el juicio”, declaró en un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta, demócrata.

Meta declaró que, si bien los fiscales generales presentan el caso como un hito, "sus alegaciones limitadas carecen de fundamento y sus demandas económicas son enormemente desproporcionadas".

Según la empresa, “los fiscales generales no ofrecen ninguna prueba de que alguien en sus estados haya sido engañado, afirman que funciones inofensivas como tener una cuenta adicional de Instagram perjudicaron de alguna manera a sus residentes e intentan penalizar a Meta por problemas que afectan a todo el sector, como la verificación de edad”.

Fechas clave en el litigio

Tras las declaraciones iniciales del martes, se prevé que el juicio dure aproximadamente cinco semanas. El cofundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el director de Instagram, Adam Mosseri, están programados para testificar, al igual que decenas de otros testigos, entre ellos empleados actuales y exempleados de Meta, así como expertos en tecnología y psicología.

El juicio se produce poco después de que Meta sufriera una condena de casi US$1,000 millones en un caso presentado por el fiscal general de Nuevo México.

Un juez estatal de Santa Fe comparó a Meta con una fábrica contaminante y ordenó a la empresa que realizara cambios en su plataforma, incluyendo límites de tiempo de uso y notificaciones push para usuarios jóvenes. Meta fue condenada a pagar aproximadamente US$375 millones en multas civiles y US$567 millones para mitigar los daños causados ​​por las redes sociales a los jóvenes del estado.

Adam Mosseri, director de Instagram en Meta Platforms Inc., sale del tribunal federal en Washington, D.C., EE. UU., el viernes 4 de abril de 2025. La demanda de la FTC, presentada durante la primera administración de Donald Trump, busca obligar a Meta a vender sus servicios de mensajería y para compartir fotos, Instagram y WhatsApp, de gran popularidad.

'Molestia pública'

El fallo supuso una prueba significativa de la teoría jurídica que sustenta los casos presentados por el fiscal general: las empresas de redes sociales constituyen una "molestia pública" que perjudica al público en general. Esta misma teoría se utilizó en litigios anteriores sobre salud pública contra las grandes tabacaleras y los fabricantes de opioides.

El caso de Oakland pondrá a prueba un argumento legal similar, esta vez en un tribunal federal y en nombre de varios estados.

La semana pasada , Meta no logró que se aplazara el juicio ante un tribunal de apelaciones. La compañía argumentó que el juicio debía esperar a que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos resolviera si las demandas de los fiscales generales estaban excluidas por la Sección 230 de la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones, que proporciona una amplia protección legal para las demandas contra las plataformas de internet.

Otros 14 estados están llevando a cabo, por separado, demandas contra Meta por daños causados ​​por el uso de redes sociales en sus respectivos tribunales estatales. El juicio en el caso de Tennessee está a punto de concluir en Nashville.

Minda Smiley, analista sénior de Emarketer especializada en redes sociales, afirmó que la posibilidad de una multa superior al US$ 1 billón "es más bien simbólica en este momento".

“Esto refleja la gravedad de las demandas a las que se enfrenta Meta”, afirmó. “Cada vez es más evidente que estas demandas podrían tener un impacto significativo no solo en el negocio de Meta, sino también en el funcionamiento fundamental de sus plataformas”.