México aprueba reforma judicial que consolida el poder del partido político Morena
miércoles, 11 de septiembre de 2024
A partir de la aprobación de la reforma judicial, todos los jueces federales serán elegidos por voto popular
Bloomberg
El Senado de México aprobó el texto general del plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el sistema judicial del país, acercando a su partido a controlar el único poder del Estado que eludió al mandatario saliente durante su sexenio.
La propuesta de reforma constitucional, cuyo objetivo central es elegir a todos los jueces federales por voto popular, fue aprobada a primera hora del miércoles con 86 votos a favor y 41 en contra.
Los legisladores del Senado aún podrían proponer cambios adicionales durante la discusión de artículos individuales en los siguientes debates, los que podrían comenzar en las próximas horas. Sin embargo, el objetivo principal del plan —la elección de los jueces por voto popular, incluidos los de la Suprema Corte— seguirá siendo parte del proyecto.
Dado que la reforma modifica la Constitución, requería una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para ser aprobada. Tras aprobar cómodamente la propuesta la semana pasada en la Cámara Baja, el partido gobernante Morena y sus aliados se quedaron a un solo voto de alcanzar la supermayoría necesaria para también lograr la aprobación en el Senado.
El voto decisivo provino del senador opositor Miguel Ángel Yunes Márquez, del partido PAN, quien cambió de bando el martes para votar a favor de la propuesta. Dijo que, tras evaluar el plan, que según los críticos socavará la democracia al eliminar los contrapesos, decidió apoyarlo.
El plan debe recibir ahora el respaldo de las legislaturas estatales, la mayoría de ellas controladas por Morena.
La propuesta de López Obrador busca elegir por voto popular a aproximadamente la mitad de los jueces federales de México en 2025, incluidos todos los magistrados de la Suprema Corte. La otra mitad sería sustituida en 2027, cuando se prevé elegir a los magistrados del Tribunal Electoral.
El debate se vio empañado por enfrentamientos. El martes por la tarde, los senadores tuvieron que cambiar el lugar de la discusión después de que cientos de manifestantes contrarios al plan entraran en la planta principal del Senado.
Tras reanudarse el debate en un lugar distinto, los manifestantes se enfrentaron a la policía al intentar entrar en la nueva ubicación, el antiguo edificio del Senado en el centro de Ciudad de México. La policía intentó dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos, informó Radio Fórmula.
Voto desertor
El martes por la mañana, Yunes Márquez solicitó licencia por motivos de salud, por lo que no pudo asistir al debate en el que se presentó la reforma en el Senado. Por la tarde se incorporó a la sesión para expresar su apoyo al proyecto de ley.
Senadores del PAN dijeron que no habían podido contactarlo desde el lunes y que sospechaban que la coalición gobernante lo estaba presionando para que apoyara el plan. Columnistas políticos habían reportado que funcionarios del partido le ofrecieron eliminar las investigaciones contra su familia por supuestos casos de corrupción a cambio de su voto a favor de la reforma.
Plan polémico
La polémica propuesta de López Obrador, cuyos opositores dicen que acabará con la independencia del poder judicial ya que los jueces electos responderán a intereses políticos, también reduciría el número de magistrados de la Suprema Corte de 11 a 9 y recortaría su mandato de 15 a 12 años. También busca eliminar el requisito de que los jueces deben tener al menos 35 años de edad y reducir a la mitad los años de experiencia necesarios en el ámbito judicial de 10 a 5.
El plan es una prioridad para AMLO, que lo ha caracterizado como una forma de erradicar la corrupción judicial, y quiere asegurar su aprobación antes de dejar el cargo a finales de septiembre. Sin embargo, ha provocado una reacción negativa de los jueces —que convocaron a una huelga—, de la oposición mexicana, de los inversionistas y de Estados Unidos, que afirman que otorgará al partido gobernante el control del poder judicial, eliminando los contrapesos.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que heredará el proyecto cuando tome posesión el 1 de octubre, ha apoyado la reforma y ha desestimado las críticas en su contra.