Narcotráfico e inseguridad, los retos que tendrá el nuevo presidente de Costa Rica

Uno de los primeros y más complejos desafíos que enfrenta el nuevo presidente de Costa Rica quedó expuesto lejos de sus fronteras. El mes pasado, un buque portacontenedores cargado con piñas costarricenses atracó en España. Al inspeccionar la carga, las autoridades encontraron paquetes de cocaína valorados en unos US$70 millones al por mayor. Para España fue un éxito policial; para Costa Rica, una señal de alarma sobre la magnitud del problema que hereda el nuevo gobierno.

El caso volvió a poner en evidencia cómo el país centroamericano, históricamente asociado al turismo, la estabilidad y la marca “Pura Vida”, se ha transformado en un punto clave del narcotráfico internacional desde la apertura, en 2019, de un moderno puerto en el Caribe, cerca de Puerto Limón.

Ese puerto, concebido como motor del comercio, se ha convertido también en una puerta de entrada para redes criminales, un dilema que ahora recaerá en el escritorio del nuevo mandatario.

La apuesta por integrarse más a las cadenas globales comenzó hace más de una década, cuando una filial de AP Moller-Maersk A/S inició la construcción de la terminal portuaria en la costa atlántica. El resultado fue un boom exportador sin precedentes, impulsado por envíos de piña, banano, café, productos electrónicos y dispositivos médicos. A nivel nacional, las exportaciones de bienes han aumentado 87% desde la apertura del puerto y hoy representan más de la mitad de las ventas externas del país. El auge incluso llevó al colón a su nivel más alto en dos décadas.

Pero el crecimiento vino acompañado de costos cada vez más visibles. El narcotráfico se expandió, alimentando la corrupción, el crimen organizado y una escalada de violencia que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En los últimos seis años, los homicidios han aumentado 53% y, aunque bajaron levemente tras el pico de 2023, se mantienen en niveles históricamente altos.

Ese contexto marcó la campaña electoral y explica por qué el discurso de mano dura del ahora expresidente Rodrigo Chaves tuvo eco entre los votantes. Tras la jornada electoral, el nuevo jefe de Estado asume con un mandato claro: contener la violencia y frenar la infiltración del narcotráfico sin poner en riesgo uno de los pilares del crecimiento económico reciente.

Puerto Limón es el epicentro de esa tensión. Durante años operó sin policía municipal y con una sola patrulla. Hoy enfrenta un mercado local de drogas en expansión, una ola de asesinatos y, según el propio gobierno, la presencia del primer cártel nacional activo en la provincia. Todo ello ocurre mientras los cruceros siguen llegando y los turistas recorren los muelles en busca de recuerdos.

El problema también golpea al sector productivo. Exportadores de frutas advierten sobre el daño reputacional del puerto y el aumento de los costos asociados a los controles antidroga. Los escaneos adicionales retrasan los envíos y cualquier irregularidad puede terminar en la confiscación total de la carga, incluso cuando los productores no tienen vínculos con el contrabando.

“Si hay un problema y se detecta algo, no es que simplemente se lleven la droga. Se pierde todo el cargamento”, señaló Abel Chaves, presidente de Canapep, la cámara que agrupa a los exportadores de piña.

El puerto, construido sobre una península artificial a un costo cercano a US$1.000 millones, es hoy el más transitado de Centroamérica después de Panamá. Convertirlo en un activo seguro es uno de los mayores retos que enfrenta el nuevo presidente desde su primer día en el cargo.

La delincuencia se camufla en el comercio

Aunque el gobierno ha afirmado que está abordando el narcotráfico, los problemas de seguridad en el puerto persisten. La incautación del mes pasado en España reveló unos 2.000 kilos de cocaína, droga que también se ha encontrado oculta en yuca y bajo plátanos. En medio de la creciente alarma pública ante las elecciones del fin de semana, se ha propuesto suspender los derechos constitucionales en barrios con alta tasa de criminalidad para facilitar la detención de sospechosos. También hay ideas de nuevas cárceles y aumentar los policías en 6.000.