Ocde ajusta cuadro sobre Chile: eleva a 1,9% proyección para PIB para el año 2022

Un 2022 con mayor crecimiento, pero un 2023 de recesión, y ambos años marcados por alta inflación y caídas de la inversión. Este es el panorama que anticipa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) para Chile, en su Estudio Económico de este año para el país, presentado este viernes.

La entidad prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional crecerá un 1,9% este año, medio punto porcentual por sobre lo contemplado en junio, y “muy influido” por los efectos estadísticos de arrastre. Detalla que las contracciones trimestrales de la actividad seguirían hasta el tercer cuarto del año, “ya que la elevada inflación y el aumento de las tasas de interés reducen el poder adquisitivo de los hogares”.

Para 2023 el organismo se suma a quienes dan por sentada una recesión: contempla una caída de 0,5% del Producto, peor que el alza de 0,1% anticipada hace tres meses.

La expectativa para la inversión también se redujo desde junio: ahora se estima una caída de 2,4% de la formación bruta de capital fijo este año, y una de 1,8% el que viene. “La baja confianza de las empresas sugiere que la inversión también es probable que siga siendo débil a corto plazo, con la incertidumbre política, en parte relacionada con la aplicación de la nueva Constitución, y las tasas de interés más altas que impiden un mayor rendimiento de la inversión”, señala el reporte.

El estudio recoge el reciente triunfo del Rechazo el pasado 4 de septiembre. “Siguen existiendo riesgos políticos, especialmente desde el rechazo del proyecto de propuesta de una nueva Constitución”, se lee, y agrega que “hasta ahora, el malestar social de 2019 se ha encauzado en un proceso de reforma democrática, pero si eso cambiara y se produjeran nuevos episodios de malestar social, esto podría afectar a la confianza en las instituciones de Chile y reducir las perspectivas de inversión y consumo”.

Inflación en la mira
La Ocde recuerda que la inflación está en su peak de 30 años, “impulsada por una política fiscal expansiva y exacerbada por las restricciones de la oferta mundial y la guerra en Ucrania”.

Para este año elevó a 11,1% la proyección para el Índice de Precios al Consumidor -desde el 9% de junio-, y para el año que viene aplicó un ajuste al alza a 6,4%, desde 5,2%. Así, se prevé que la inflación converja gradualmente hacia el objetivo de 3% a principios de 2024, “a medida que el continuo endurecimiento de la política monetaria surta efecto y la economía se ralentice”.

De hecho, la organización afirma que la política monetaria “deberá seguir siendo restrictiva para combatir la alta inflación”, pero también destaca que la “temprana” reacción de la política monetaria debería permitir que el ciclo de endurecimiento llegue pronto a su fin. Además, precisa que “los efectos del endurecimiento más reciente tardarán en materializarse” y que “una parte importante de la inflación es importada”.

Reforma tributaria
El informe analiza exhaustivamente la reforma tributaria del gobierno, y señala que los argumentos para aumentar los ingresos fiscales adicionales “parecen sólidos, dada la escasa recaudación fiscal de Chile, por un lado, y las importantes necesidades legítimas de gasto en varios ámbitos”.

La Ocde considera que “la actual propuesta de reforma fiscal contiene muchos elementos que van en la dirección correcta de recaudar ingresos adicionales de forma progresiva, al tiempo que se promueve la productividad y la sostenibilidad medioambiental”.

Si bien reconoce que “siempre quedará una cierta incertidumbre residual”, dice que la meta de recaudar 4 puntos del PIB en cuatro años “es ambiciosa, pero ciertamente no está fuera de su alcance, si se consigue el suficiente apoyo político”.

El estudio reconoce que el aumento de los impuestos “puede dar lugar a distorsiones que podrían pesar sobre el crecimiento económico”, pero resalta que “el efecto global de un paquete de reformas fiscales puede ser significativamente más favorable si los ingresos adicionales se utilizan para financiar gastos que mejoren el crecimiento y la igualdad de oportunidades”, como mejoras en protección social y servicios públicos.

Estos gastos -plantea- podrían incluir una pensión mínima garantizada “más generosa”, y destaca que la inversión adicional en investigación y desarrollo podría estimular la innovación y la productividad.

Política fiscal
La Ocde estima que la deuda pública bruta como porcentaje del PIB llegará a 38,2% este año, y a 40,9% el próximo. Ante esto, critica que la regla fiscal “no ha logrado evitar el aumento de la deuda pública y carece de una cláusula de escape formal, dejando sin definir los detalles de las desviaciones de la regla”.

Por lo tanto, indican que “es necesaria una consolidación fiscal para garantizar unos niveles de deuda prudentes”, y sugieren “mejorar la regla fiscal con un ancla de deuda y una cláusula de escape que defina las condiciones para apartarse de ella, y una trayectoria para volver después”.

La entidad señala que la deuda pública bruta del gobierno central se estabilizaría en 44% del PIB en las próximas dos décadas, casi 8 puntos sobre los niveles de 2021. Pero, dice que este escenario base “está rodeado de importantes riesgos”.

“Si la ambiciosa reforma fiscal prevista actualmente sólo consiguiera recaudar la mitad del aumento de ingresos previsto para 2026, manteniendo al mismo tiempo los planes de gasto, la deuda pública bruta seguiría una trayectoria explosiva que superaría el 71% del PIB en 2040”, alerta la Ocde. Agrega que tasas de interés más elevadas, posiblemente relacionadas con la evolución de los mercados financieros mundiales y con el debilitamiento de los nacionales, “también llevarían a una trayectoria de deuda más elevada”, aunque con una convergencia cercana a la deuda en torno al 50% del PIB.

Otro escenario es que implementar las reformas estructurales que favorecen el crecimiento sugeridas por la Ocde aumentaría el crecimiento y, por tanto, reduciría “visiblemente” la relación deuda/PIB, con un descenso continuo de la deuda pública que alcanzaría el 35% del PIB en 2040.

“En los próximos años habrá que abordar importantes desafíos estructurales que obstaculizan el crecimiento”, alerta la Ocde, y sugiere que “sin reformas que impulsen la productividad, el margen para un mayor progreso económico y social será muy limitado”, en un país en el que cerca de un tercio de la población es económicamente vulnerable, lo que significa que sigue en riesgo de pobreza, “con pocos colchones financieros para protegerse contra eventos adversos”.