La oposición venezolana busca derogar la Ley contra el Odio de Maduro

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El principal bloque opositor de Venezuela exigió derogar una ley utilizada para perseguir a disidentes y silenciar a críticos, y rechazó la propuesta de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de limitarse a reformarla.

La Plataforma Unitaria afirmó en un comunicado el miércoles que la Ley contra el Odio “debe ser derogada, no reformada”, poniendo a prueba hasta dónde está dispuesta a llegar Rodríguez mientras desmantela gradualmente el aparato represivo construido durante el mandato de Nicolás Maduro.

Rodríguez afirmó en un discurso televisado el martes que la ley “fue mal aplicada” y que se había hecho “un uso abusivo”, y pidió cambios para despenalizar los delitos contemplados en ella. Rodríguez presidió la Asamblea Constituyente que promulgó la ley en 2017 y la defendió públicamente en ese momento.

La Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, actuó rápidamente tras el anuncio y nombró esa misma tarde una comisión para comenzar a redactar las modificaciones. No está claro cuándo se debatirá la reforma ni qué partes de la ley podrían permanecer intactas.

Maduro propuso la ley tras meses de protestas antigubernamentales que dejaron víctimas mortales, argumentando que era necesaria para contrarrestar lo que describió como el odio promovido por la oposición y los medios de comunicación privados que buscaban socavar su mandato.

La ley imponía penas de hasta 20 años de prisión por promover o incitar públicamente al odio, la discriminación o la violencia. También facultaba a las autoridades para revocar licencias de radiodifusión o bloquear sitios web.

Entre las personas procesadas en virtud de esta ley estuvo el exdiputado opositor Juan Requesens, quien pasó dos años en prisión y otros tres bajo arresto domiciliario.

En 2025, Espacio Público documentó 44 detenciones arbitrarias relacionadas con la libertad de expresión, de las cuales 14 incluyeron acusaciones de incitación al odio, según un informe publicado a principios de este año.

Bajo la presión de EE.UU., Rodríguez ha ido ofreciendo gradualmente una serie de concesiones democráticas, entre ellas flexibilizar las restricciones a sitios web de noticias e impulsar cambios en el sistema judicial.