Panamá activa plan de recuperación tras terremoto que dejó más de 2.000 afectados
domingo, 11 de octubre de 2026
El país contará con financiamiento del BID y la CAF, además de asistencia de Estados Unidos, para atender a las familias damnificadas y reparar infraestructuras
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre ya cuenta con respaldo nacional e internacional. Tras el movimiento telúrico de magnitud 7,7, las autoridades comenzaron a evaluar los daños y coordinar la asistencia para las comunidades que necesitan atención prioritaria.
Los primeros balances registraron 426 viviendas con afectaciones de diferente gravedad, lo que representa aproximadamente 2.130 personas damnificadas. Para responder a la emergencia, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia y anunció una partida inicial de US$100 millones.
El apoyo económico proviene de varias instituciones. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofreció hasta US$300 millones en financiamiento contingente y otros US$500.000 no reembolsables para respaldar la atención del desastre y la recuperación.
A esta ayuda se suma la contribución de la CAF, que aprobó US$250.000 para adquirir alimentos, agua potable y productos esenciales. La entidad también dispuso una línea de crédito de hasta US$50 millones para financiar posibles reparaciones en obras públicas, entre ellas carreteras, puentes, escuelas y hospitales.
Además, Estados Unidos se sumó a la respuesta mediante recursos logísticos y asistencia operativa. Entre los equipos disponibles se encuentra un helicóptero de largo alcance del Comando Sur, destinado a facilitar el traslado de suministros médicos y apoyar las misiones de rescate.
Este respaldo resulta especialmente importante para las localidades donde el acceso puede dificultar la entrega de ayuda. Las operaciones buscan reforzar la capacidad de los equipos panameños mientras avanzan las labores de atención.
Las autoridades mantienen inspecciones en los inmuebles afectados para determinar cuáles pueden seguir utilizándose y cuáles representan riesgos para sus ocupantes. Las evaluaciones también abarcan instalaciones públicas y otras estructuras que podrían necesitar reparaciones. Paralelamente, el Gobierno revisa los requerimientos presupuestarios de las instituciones involucradas y contempla habilitar canales para recibir aportes económicos destinados a los damnificados.