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Panamá descarta concesionar dos puertos operados por CK Hutchison a una sola empresa

José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Bloomberg

En rueda de prensa, Mulino dijo que Panamá "no se va a dejar amenazar por ningún país" refiriéndose a la decisión judicial de la semana pasada

Reuters

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo el jueves que no se concesionarán a una sola empresa los dos puertos operados por CK Hutchison, con sede en Hong Kong, después de que el tribunal supremo del país anulara el actual contrato con la compañía, abriendo una disputa diplomática y comercial con China.

La nación asiática ha calificado de "absurda", "vergonzosa y patética" la decisión judicial de la semana pasada y ha advertido a Panamá que pagará un "alto precio" por ella.

En tanto, CK Hutchison informó del inicio de un arbitraje internacional por el caso de las dos terminales, ubicadas en uno y otro extremo del Canal de Panamá: Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

"No habrá una concesión a una empresa para los dos puertos, eso no va a pasar", dijo Mulino en su rueda de prensa semanal. Agregó que la empresa está en su derecho de acudir a la justicia internacional, pero afirmó que Panamá "no se va a dejar amenazar por ningún país".

Al día siguiente de la sentencia del tribunal supremo, APM Terminals Panamá, una filial del gigante de transporte logístico marítimo Maersk, se ofreció a operar temporalmente los dos puertos para mitigar los riesgos al comercio regional y global.

Consultado sobre la posibilidad de que Maersk asuma el control de las terminales, Mulino dijo que en el actual período de transición, en el que las terminales son aún operadas por la firma hongkonesa hasta que se haga efectivo el fallo, la compañía ya está ahí como "el usuario más importante en el puerto de Balboa"

"Es una empresa de rango mundial con la capacidad y la experiencia para poder asumir a través de su operadora portuaria este gran reto de Panamá", afirmó.

Según informó Bloomberg el jueves, China incluso está pidiendo a las empresas estatales que suspendan las negociaciones sobre nuevos proyectos en Panamá, como represalia por lo sucedido con los puertos. Reuters no pudo verificar inmediatamente ese informe.

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