Parlamento venezolano aprueba reforma que abre sector eléctrico a la inversión privada

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional, abriendo a la inversión privada un sector que carece de capital, tras casi dos décadas de control estatal.

Esta reforma es la más reciente impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien busca fomentar la inversión privada en sectores clave como el petróleo, el gas y la minería tras la captura de Nicolás Maduro en enero, y a pesar de la persistente cautela de los inversores.

Desde hace años, los venezolanos sufren deficiencias en los servicios públicos, especialmente en el suministro eléctrico, nacionalizado en 2007, con millones de personas padeciendo apagones que duran horas o incluso días.

Gran parte de la red eléctrica local requiere un mantenimiento exhaustivo que no se ha llevado a cabo debido a años de falta de inversión, hiperinflación, sanciones y en medio de una profunda crisis económica y social.

Aunque Rodríguez ha señalado que garantizar un suministro eléctrico estable es una de sus prioridades, el país, que atraviesa una grave escasez de recursos, no ha logrado asegurar los pagos a los proveedores que podrían ayudar a restablecer el servicio. Actualmente, menos del 40% de la capacidad de generación eléctrica de Venezuela se encuentra operativa.

La nueva ley permite que privados ingresen al sector mediante empresas mixtas con el Estado, con una vigencia de hasta 25 años. Las compañías podrán operar bajo el régimen de concesiones, lo que revierte una ley de 2010 que reservaba esta industria exclusivamente para el Estado.

El texto añade que las empresas petroleras, para garantizarse un suministro continuo de energía eléctrica, tendrán que recurrir a "modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa, sin perjuicio de la interconexión con el Sistema Eléctrico Nacional".

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está elaborando un plan de trabajo de dos años para Venezuela, centrado, en parte, en el sector eléctrico y la protección social, según informó su presidente, Ilan Goldfajn.

Fuentes han indicado a Reuters que las autoridades venezolanas están considerando solicitar un préstamo puente a Qatar para saldar atrasos de más de 2.000 millones de dólares con el BID, con el fin de facilitar la obtención de nueva financiación por parte de dicho organismo.

Las frecuentes fallas eléctricas golpean especialmente a sectores como el agrícola.

"Pasamos de bloques de racionamiento de 4 horas al día, a 18 y hasta 20 horas sin energía", dijo Heriberto Labrador, de 60 años, un productor de leche del estado Táchira, en el oeste venezolano, una región que está en el final de la cadena de distribución de energía eléctrica que comienza en el sur.

El productor aseguró que desde hace al menos una década sufren cortes del suministro que le han impedido usar máquinas de ordeño o refrigeradores.

El estado Zulia, otrora rica zona petrolera y también ganadera, está produciendo 60% menos leche que hace dos décadas, según asociaciones ganaderas de la región.

"Mi perspectiva es favorable a la reforma, a la revisión de la norma visto que el esquema actual ha resultado catastrófico", dijo el diputado Alexis Algarra, del llamado Grupo Parlamentario Libertad, conformado por políticos que han tenido alguna relación con el oficialismo y la oposición.

"Un esquema de libre mercado, de libre competencia, pues estoy seguro que va a beneficiar a también al sector eléctrico", agregó.

La productora Maglis Ferrer, de 64 años y que reside en Zulia, dijo que guarda algunas reservas sobre la reforma. "Aquí no se trata de una ley para resolver el problema eléctrico que tiene Venezuela, se trata de inversión que debe hacer el Estado. Ellos (en el Gobierno) tienen 30 años sin hacerle inversión a nada de este país", señaló.