Petroperú: ¿reestructuración sufriría revés? Los 2 proyectos “críticos” del presidente Balcázar

La noche del miércoles 18 de febrero, José María Balcázar, de 83 años, se convirtió en el nuevo presidente del Perú, el octavo en una década. Con ello, se concretó el regreso de la bancada de Perú Libre al poder a poco más de tres años desde que Pedro Castillo intentó un golpe de Estado. El legislador por Lambayeque, que se hizo de una curul al obtener poco más de 6,000 votos, tiene el encargo de liderar un nuevo Gobierno de transición hasta julio.

A fin de obtener algunas luces de lo que serán sus prioridades desde Palacio de Gobierno en estos cinco meses, Gestión revisó su producción legislativa, tanto como autor de proyectos de ley, así como en su posición de coautor.

Del análisis destacó una preocupante posición en uno de los temas más álgidos en materia económica: el funcionamiento de la empresa pública Petroperú. Como se recuerda, a fines del año pasado, el Gobierno de José Jerí publicó un decreto de urgencia (010-2025) con medidas económicas y financieras para efectuar la reorganización patrimonial de Petroperú, destacando entre otros puntos encargarle a ProInversión el proceso.

Al respecto, el estrenado presidente Balcázar impulsó, en condición de coautor, dos proyectos de ley para derogar esta reestructuración. Esto ocurrió apenas semanas atrás.

La primera propuesta, con autoría de María Agüero, su correligionaria, fue ingresada al Congreso el 9 de enero y, la segunda, solo tres días después, con la firma principal de Waldemar Cerrón, también compañero en Perú Libre.

Ambas están a la espera de su eventual debate en la Comisión de Economía, y de Energía y Minas.

En el ámbito de los hidrocarburos, también se identificó que fue coautor en otra iniciativa legislativa para autorizar a Petroperú a suscribir contratos permanentes de explotación de los lotes I, VI, y Z-69 (Talara, Piura) con Petroperú. Esto, pese a que la petrolera estatal tiene severos problemas financieros que afectan sus operaciones.

Precisamente, durante estos días, se conocieron los estados financieros de la estatal en 2025, presentando que tuvo pérdidas por casi US$ 470 millones y, al 31 de diciembre, la compañía presentó un capital de trabajo negativo, debido a que el pasivo corriente excedió al activo corriente en US$ 1,558 millones (US$ 1,900 millones al 31 diciembre de 2024).

¿Materialización de riesgos?

Consultado en su primer día de Gobierno sobre ajustes en Petroperú, Balcázar reconoció que no maneja el tema. Consideró que es un problema técnico de la empresa y que se tratará con los asesores del Poder Ejecutivo y Legislativo. El jefe de Estado evitó precisar si está a favor de la reestructuración.

“Hay que buscar una solución integral al problema y no tener algunas decisiones que puedan llamar a sospechas. Para eso necesitamos sentarnos y dialogar con técnicos, políticos y abogados que puedan permitir dar una solución”, sostuvo en RPP.

Para David Tuesta, exministro de Economía y exdirector de Petroperú, este escenario donde Balcázar no es contundente sobre evitar realizar cambios alrededor de la petrolera y los antecedentes de proyectos de ley identificados por Gestión son una “muy mala señal”.

“La probabilidad de que [Balcázar] se comporte responsablemente [con las finanzas] es baja. Aunque por tratar de buscar cierta esperanza, también se tiene un escenario mixto [sobre la toma decisiones en la reestructuración]”, sostuvo.

Esto último se sostiene en que el presidente señaló que no solo se juntará con el titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, sino que lo escuchará. Además, mencionó que evaluará la permanencia de Denisse Miralles, última ministra de Economía, valoró Tuesta.

Pero, del otro lado, el panorama presenta que Balcázar es miembro de un grupo de parlamentarios que apoyaron fuertes iniciativas de gasto, aunque no tienen la facultad, según la Constitución.

“Es parte del ala de izquierda del Congreso que llevó a una situación grave de vulnerabilidad fiscal. También comentó que hay una deuda social con los maestros, que es el sector VIP beneficiado por el Legislativo. Se duplicaron los sueldos hasta los S/ 3,300. La señal, en principio, es negativa y cuestionable sobre la responsabilidad fiscal”, indicó. “Si el objetivo es de reestructuración y de reducir el gasto público, parecería que por ese lado no va a ir”, complementó.

Tuesta también cuestionó las declaraciones de Balcázar respecto a las comunicaciones palaciegas que mantendrá con Vladimir Cerrón, prófugo candidato presidencial de Perú Libre.

¿Qué proyectos de ley presentó directamente?

Ahora bien, Gestión también identificó que Balcázar registraba, al cierre de este informe, la presentación de 36 proyectos de ley desde que es parte del Congreso en 2021, con incidencia en más de 10 áreas. Esto da un promedio de siete propuestas por año de legislatura.

Casi la mayoría (66%), evidenció un interés personal en la creación de universidades, institutos públicos y hasta colegios profesionales. En todo este universo, un proyecto de ley que llama la atención es el que busca derogar la actual reforma de pensiones (12459/2025-CR), presentado en setiembre del año pasado. Está, actualmente, en etapa de comisión.

A esto se suma una iniciativa que propone ajustes relacionados a brindarle inmunidad parlamentaria a diputados y senadores, de manera que ya no dependa su procesamiento penal, en un inicio, del Poder Judicial, sino del propio Congreso (08907/2024-CR). Esta es una de las tres iniciativas que está en agenda del pleno.

Las otras dos medidas son declaraciones de interés nacional para la creación de una universidad nacional en Olmos y de un instituto de educación superior tecnológico público en Mórrope, ambos en Lambayeque.

Del total de 12 propuestas que se lograron publicar en El Peruano, 11 están relacionados a entidades de educación superior, ya sea para su creación o crearles un pliego presupuestario.

El restante proyecto de ley que logró publicarse es una resolución para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Este, a su vez, fue la primera medida que ingresó en setiembre del 2021.