Plan fiscal de Pedro Sánchez se enfoca en más impuestos para millonarios y empresas

Pedro Sánchez, reelecto presidente del Gobierno de España, anticipó nuevas subidas en el Impuesto de la Renta y medidas para evitar las prácticas de evasión y elusión fiscal de "las grandes fortunas y las grandes multinacionales".

La hoja de ruta económica presentada por Pedro Sánchez al Parlamento mientras solicitaba el apoyo a su investidura como presidente del Gobierno pasó por "reforzar el Estado del bienestar y ensanchar la red de protección social", a costa eso sí de elevar la presión fiscal sobre "grandes fortunas y grandes multinacionales". Sánchez, que prometió que su nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar seguirá "comprometido con la disciplina fiscal", anticipó que planea acometer nuevas subidas fiscales en IRPF o el Impuesto de Sociedades, si bien también anunció una prórroga de seis meses en la rebaja del IVA de los alimentos que no estaba contemplada en la senda de reducción de déficit enviada a Bruselas.

"Vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024", destacó el presidente del Gobierno como anuncio fiscal estrella de la jornada. Se trata, concretamente, de la doble rebaja que lleva vigente desde el 1 de enero y que comprende, en primer lugar, la aplicación de un IVA del 0% sobre los alimentos frescos y de primera necesidad, normalmente sujetos al tipo superreducido del 4%, que neutraliza la imposición indirecta sobre pan común, su masa congelada, las harinas panificables, leches de origen animal, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. La medida, según los cálculos iniciales del Ministerio de Hacienda, tiene un coste semestral de US$655 millones de pérdida de ingresos públicos al semestre que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) elevó a US$698 millones.

En segundo lugar, también se extenderá hasta mediados del próximo año la reducción de 10% a 5% en el tipo de IVA aplicado a pastas alimenticias y aceites, incluidos los de oliva, con una pérdida de ingresos semestral de US$61 millones, según Hacienda, y US$150 millones, bajo los cálculos de la Airef.

Más allá de estas estimaciones, lo cierto es que los datos oficiales de la Agencia Tributaria reflejan una minoración de ingresos de IVA de US$1.404 millones entre enero y septiembre por la rebaja fiscal sobre los alimentos, lo que permite inferir que el coste anual terminará siendo mayor del originalmente esperado y se acercará más a los US$1.585 millones anuales que Hacienda comunicó a la Comisión Europea en octubre o los US$1.697 millones que terminó calculando la Airef.

Prorrogar otros seis meses la medida tendrá, por tanto, un coste cercano a los US$868 millones adicionales que no están contemplados en el Plan Presupuestario para 2024 que el Ejecutivo en funciones remitió a Bruselas y que permitiría reducir el déficit al límite comunitario de 3% del PIB a finales del próximo año únicamente si todo el paquete de medidas anticrisis vigente se retira el 1 de enero (incluida la rebaja fiscal de luz y gas por US$6.296 millones al año).

Pese a ello, Sánchez aseguró que sus planes para "mejorar drásticamente la forma en la que opera nuestro Estado del bienestar" se hará "al tiempo que reducimos el déficit público, porque este Gobierno está comprometido con la disciplina fiscal". Acto seguido, Sánchez explicó que compatibilizar ambos objetivos se logrará "mejorando la eficiencia de la administración pública; combatiendo la economía sumergida; ensanchando nuestras bases fiscales; incrementando la progresividad del IRPF; garantizando un impuesto mínimo efectivo de 15% en el Impuesto de Sociedades. "En definitiva, lo que hay que hacer es acabar de una vez por todas con esas vías de evasión fiscal cuando no de elusión fiscal de las grandes fortunas y las grandes multinacionales", resumió.

"Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que los que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos van a pagar más que el resto, porque lo justo, lo que mandata la Constitución, es que contribuya quien más tiene", comprometió Sánchez en su discurso.

Así, por ejemplo, el nuevo Gobierno de coalición planea dar una nueva vuelta de tuerca al Impuesto sobre la Renta, revisando los tipos marginales sobre los salarios tras elevar en dos puntos el tramo desde los US$325.000 en 2021, y, ante todo, elevando la presión fiscal sobre el capital, tras haber creado nuevos tramos de gravamen, a 27% desde los US$217.000 de rendimientos del ahorro y el 28% a partir de los US$325.000.

"No es justo que hoy de la recaudación del IRPF, 85% proceda de las nóminas de los trabajadores. Hay que ir en camino de igualar las rentas del trabajo y las del capital", anticipó durante su turno la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

En paralelo, el plan tributario de los socios de coalición pasa por extender la aplicación de los nuevos impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas más allá del ejercicio 2023, y por endurecer Sociedades. En este caso, recordó Díaz, el plan es "fijar un tipo mínimo de 15% en Sociedades pero sobre los beneficios reales de las empresas, no lo que nos dicen después de la ingeniería fiscal", con el objetivo de acabar elevando la recaudación en US$10.856 millones al año.

Más allá, la líder de Sumar planteó la necesidad de acometer durante la legislatura "una reforma íntegra de la política de ingresos" del país para lograr una "fiscalidad justa, feminista, verde y digital", instando al Psoe a aceptar la abolición del tipo de IVA 0% en los servicios privados de educación y sanidad.

Menos financiación a las Ccaa que bajan impuestos

"Vamos a impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos económicos que necesitan las comunidades autónomas", prometió el miércoles Pedro Sánchez durante la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, asegurando además que todas las autonomías podrán disfrutar de una condonación de deuda como la pactada con los independentistas catalanes, si bien advirtió de que los recursos estatales estarán condicionados a la política fiscal de las regiones, afeando a las gobernadas por PP y Vox pedir más fondos tras bajar impuestos.

La reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva pendiente desde que el sistema de 2009 caducó en 2014, se acometerá esta legislatura, aseveró Sánchez, bajo "los principios de equidad, autonomía financiera y, por cierto, de corresponsabilidad fiscal". En este sentido, criticó en un par de ocasiones durante la jornada, "no deja de ser curioso que gobiernos autonómicos de PP con Vox bajen los impuestos a los más ricos y luego a la Administración General del Estado nos pidan más recursos económicos". En esta línea, el Gobierno de Sánchez ya rebajó en 2019 las entregas a cuenta que esperaba recibir la Comunidad de Madrid en más de US$54 millones argumentando que la región había acometido una bajada de impuestos.

Sánchez, en todo caso, puso el acento en que durante los últimos años sus gobiernos han "auxiliado a las comunidades autónomas", entregándoles "más recursos que ningún otro Gobierno de nuestra historia democrática". En los últimos cinco años bajo su presidencia, primero en solitario tras la moción de censura y luego de la mano de Podemos, recordó, "las comunidades autónomas han recibido 40% más que en los últimos cinco años del Gobierno de Mariano Rajoy", lo que supone un incremento de "US$195.000 millones, y todo eso sin contabilizar los fondos europeos que también están gestionando las comunidades autónomas", cifró. "Eso nos ha servido para hacer frente a la pandemia, para reconstruir lo que se desmanteló durante la crisis financiera con la respuesta neoliberal que dio el Gobierno del PP de entonces, y, desde el punto de vista de la consolidación fiscal, se ha reducido con respecto al PIB y los recortes han podido cesar en muchos ámbitos a pesar de la política fiscal irresponsable e insostenible que las derechas están volviendo a desplegar", denunció.

A partir de aquí, el líder socialista prometió mantener "esa senda de responsabilidad fiscal, pero también de solidaridad, y asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas, la que contrajeron durante la etapa de Gobierno del PP". Se trata de la condonación de deuda que el PSOE pactó con ERC, y que en el caso de Cataluña supone rebajar en US$16.200 millones su deuda con el Estado.

"Esta medida será aplicable y extensible a todas las comunidades, con independencia de su color político y de que estén acogidas o no al Fondo de Liquidez Autonómica [FLA] creado entonces por el PP", aseveró sin aclarar el impacto de la condonación en el resto de regiones. La medida, adujo, facilitará "financiarnos a costes más reducidos" y aliviar la factura de intereses por los pagos de deuda que tienen las autonomías, de momento en US$1.411 millones en el caso catalán, privando al Estado de su ingreso.