Presidente encargada de Venezuela llegó a Países Bajos para audiencia sobre Esequibo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó el domingo a los Países Bajos para una audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre una añeja disputa en la región del río Esequibo, según un comunicado de prensa presidencial.

Rodríguez encabeza la delegación venezolana que participará el lunes en la audiencia ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas por la disputa entre Venezuela y su vecina Guyana, en una zona potencialmente rica en petróleo, según el comunicado.

"El único que tiene titularidad sobre el territorio en esta controversia territorial es Venezuela”, dijo Rodríguez al llegar a Países Bajos en una transmisión de la televisión estatal.

Este es el primer viaje a Europa de Rodríguez desde que asumió como presidenta encargada luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Rodríguez está sancionada por la Unión Europea, lo cual le prohíbe viajar a la región desde 2018, aunque en 2024 acudió a La Haya para entregar documentos con los argumentos que señalaban que el territorio es de Venezuela.

El objeto de la controversia es un territorio fronterizo de 160.000 km² alrededor del río Esequibo, compuesto en su mayor parte por selva, y una zona marítima en la que se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas.

Guyana solicitó el lunes a los jueces de la CIJ que dictaminen que Venezuela no tiene un derecho legítimo sobre la región del río Esequibo.

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo que el reclamo de Venezuela sobre el territorio es indiscutible, reiterando que el país no reconoce la jurisdicción de la CIJ sobre la disputa y que la solución deberá alcanzarse mediante negociaciones.

En 2018, Guyana llevó el caso ante la CIJ, que se ocupa de las disputas entre Estados, y le pidió que confirmara la frontera establecida en un arbitraje de 1899 entre las partes.

La sentencia definitiva del caso se dictará dentro de unos meses. Las resoluciones de la CIJ son vinculantes e inapelables, pero el tribunal no tiene medios para hacerlas cumplir por sí mismo, por lo que depende del Consejo de Seguridad de la ONU.