Presidente paraguayo Fernando Lugo se juega el mandato en juicio político

Reuters

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, y su defensa luchan on todo su arsenal para evitar la inminente destitución del mandatario, en un juicio político impulsado por aliados y opositores que para sus vecinos sudamericanos amenaza la democracia a nueve meses de las elecciones.

En un proceso inéditamente rápido de dos días que concluirá este mismo viernes, el juicio busca determinar si el mandatario incumplió sus funciones al dejar que creciera la conflictividad social en el país, que tocó su punto máximo el viernes pasado cuando un choque entre campesinos y policías dejó 17 muertos.

Después de perder el respaldo político interno por el manejo de la crisis que provocó la masacre, la defensa del socialista Lugo presentó el viernes sus alegatos ante el Senado, donde el mandatario no cuenta con apoyo.

Sus abogados, que tuvieron sólo dos horas para defender al presidente, pidieron a los legisladores durante el juicio político la desestimación del escrito del libelo acusatorio, así como la extensión de los plazos del procedimiento y aseguraron que todo el proceso es inconstitucional.

"Me parece peligroso el alcance ideológico de la propuesta de la acusación. Estamos en un juicio que no tiene nada que ver, salvo los ritos, con la confrontación para dirimir los hechos", destacó Adolfo Ferreiro durante el alegato final de la defensa, proceso que Lugo seguía desde sus oficinas en el palacio presidencial.

Pero los legisladores buscaban apurar las cosas por temores a que protestas populares obstaculizaran el procedimiento, mientras miles de seguidores de Lugo se agrupaban frente al Congreso en el centro de Asunción.

Los legisladores acusan formalmente a Lugo de no reaccionar como debía ante el sangriento enfrentamiento entre campesinos y policías la semana pasada.

"Esto es una condena, un juicio donde ya está dictada la sentencia", dijo Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia en el alegato.

En la lista de acusaciones también figuran temas menos rotundos como su apoyo a un mitin de jóvenes socialistas en un predio de las Fuerzas Armadas o no haberse mostrado decisivo en combatir al pequeño grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo, responsable de asesinatos y secuestros durante la última década, la mayor parte de ellos antes de que asumiera.

"Me están haciendo un golpe de Estado express porque lo han hecho entre noche y madrugada, se han puesto de acuerdo, nosotros decimos que es incluso anticonstitucional porque no se respeta el debido proceso", denunció Lugo, un ex obispo de 61 años, en una entrevista el jueves por la noche con Telesur.

No obstante, el diputado Carlos María Soler del partido de centroderecha Patria Querida -que apoya la salida de Lugo- expresó: "Acá no hay nada ilegal, no hay ningún quiebre, ningún golpe de Estado. Este es un juicio político, no se basa en argumentos jurídicos".

Amenza al orden democrático

Después de reunirse con el propio mandatario, legisladores, con el vicepresidente y la Corte Suprema, cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) respaldaron a Lugo y dijeron que Paraguay enfrenta la amenaza de una ruptura del orden democrático por la falta de garantías procesales para el presidente.

"Ojalá nos hubieran escuchado. Estamos ante una situación donde se está configurando un hecho que puede llevar a la ruptura institucional", dijo el canciller venezolano, Nicolás Maduro, a la prensa.

Los países sudamericanos aseguraron en un comunicado que la situación que se vive en Paraguay podría estar comprendida en las cláusulas democráticas del bloque, dejando abierta la puerta a estas naciones a no reconocer al sucesor de Lugo.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió respetar el derecho de defensa de su colega paraguayo y desde Río de Janeiro, además de defender la misión de cancilleres sudamericanos, expresó que "sería importante una solución negociada".

Con los tiempos en contra, las presiones del exterior fueron en principio una de las esperanzas para el presidente paraguayo.

Desde Washington, el jefe La Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo que el proceso de juicio le parecía "un poco apresurado" durante una sesión especial del organismo para tratar la situación de Paraguay.

"La estabilidad institucional que ha sido lograda en la región debe ser protegida, garantizando el respecto al debido proceso, no solo en forma, sino también en sustancia", dijo Insulza en un comunicado.

Por su parte, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, se limitó a decir: "Estamos siguiendo esto de cerca", al ser consultada por periodistas sobre la situación en Paraguay mientras asiste en Río de Janeiro a la cumbre de desarrollo sustentable de la ONU.

Inquietud en las calles

Paraguay, uno de los mayores productores mundiales de soja, tiene una larga historia de crisis políticas.

Frente al Congreso había unas 5.000 personas congregadas, la mayoría de movimientos políticos de izquierda vinculados al Gobierno, campesinos, estudiantes y sindicalistas con banderas paraguayas y carteles de apoyo a Lugo, que se ha jactado de su respaldo popular.

"Me duele como madre paraguaya. Esto es un robo a los votos populares, no vamos a permitir este atropello al presidente", dijo Ana Yegros, de 42 años, en la manifestación.

La plaza frente al parlamento era rodeada de un fuerte operativo de seguridad con miles de agentes policiales y efectivos antimotines, mientras las fuerzas armadas mantienen su apoyo al Gobierno.

Muchas calles que rodean el centro de Asunción estaban bloqueadas y la mayoría de los comercios cerrados y empresarios transportistas dijeron que solamente funcionaba un 30 por ciento del transporte público que habitualmente circula por la capital.

"Hago un llamado a todos los agentes económicos y a toda la sociedad para que guardemos la calma necesaria, de modo tal que no pongamos en riesgo la situación económica. Sería realmente catastrófico que esto se especule a nivel económico bajo estas condiciones políticas que se están viviendo", observó el ministro de Hacienda paraguayo, Dionisio Borda.

Los abogados de Lugo presentaron el viernes más temprano un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, con la que tampoco el presidente ha tenido una buena relación.

De acuerdo con ellos, la acción está fundamentada en el derecho a la legítima defensa, dado el escaso tiempo concedido para el descargo de Lugo y para la evaluación de pruebas contra el gobernante.

Si prospera la destitución, la Constitución paraguaya establece que debe asumir de inmediato el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal y con quien Lugo ha tenido enfrentamientos.

El último juicio político a un mandatario en Paraguay fue en 1999, cuando Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Cubas renunció antes de que el juicio concluyera.