Propuesta de nueva Constitución podría costar unos US$ 45.000 millones cada año

Economistas locales e internacionales llevan meses planteando que, de ganar el “apruebo” el próximo 4 de septiembre, la implementación de la nueva Constitución será de la mano de una serie de gastos asociados a mayores derechos. Hasta hoy no se conocía el costo, pero un estudio elaborado por académicos -entre ellos el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés y el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara- reveló que la implementación de la nueva Carta Magna podría costar hasta un 14,2% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año, es decir, unos US$ 45.000 millones.

El grupo lo completan las académicas de la Universidad de Talca, Andrea Bentancor; de la Universidad Católica, Claudia Martínez; de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín; y el investigador del Centro de Estudios Públicos, Gabriel Ugarte. El objetivo del grupo fue estimar el costo fiscal incremental directo que implicaría la implementación de la nueva Constitución, el que definieron como “aquellos gastos en que el Estado podría incurrir producto de los compromisos a los que lo obliga dicha propuesta y que van más allá de los gastos ya comprometidos”.

Para la mayoría de los ámbitos consideraron dos estimaciones o escenarios: uno “bajo”, más conservador en cuanto a provisión de servicios y de gasto, y uno “alto”, menos conservador.

En el escenario bajo, el costo total anual sería de 8,9% del PIB (US$ 28.500 millones), mientras que en el alto asciende a 14,2% del Producto (US$ 45.000 millones). Para el primer cuadro, el total se descompone en 7,1% del PIB de costos en régimen y 1,8% de costos por ajuste de stock en 10 años. En el escenario alto, el costo en régimen y el ajuste de stock en una década corresponden a un 11,4% y 2,7%, respectivamente.

Al detallar el análisis por temas, la categoría de protección social es la que presenta un mayor costo total anual estimado, seguida por el área de salud y luego por la educación. Luego vendrían servicios públicos generales, orden público y seguridad, y servicios comunitarios, entre otros. El análisis también detalla que, en el escenario bajo, los derechos a la seguridad social, a la vivienda, y al cuidado y al reconocimiento del trabajo de cuidados destacan como los más preponderantes en la categoría de protección social, o bien los de mayor costo anual.

El grupo también revisó la experiencia de otros países, y concluyó que los resultados han sido heterogéneos, aunque la mayoría de los países revisados aumentaron “considerablemente” su indicador de gasto fiscal respecto al PIB. El estudio aclara que no se pueden asignar todos estos incrementos al factor constitucional, y precisan que “la propia constitución puede ser el resultado de otros factores o fenómenos sociales que presionan el gasto”.

En Colombia, Ecuador y Bolivia se da cuenta de “importantes incrementos” en el gasto, mientras que en Venezuela no se muestra un aumento significativo de la razón gasto a PIB. Pero, tanto ese caso como Sudáfrica comienzan en un nivel superior, y los autores precisan que es posible que la “alta y creciente” inflación haya dificultado un aumento mayor.