Qué es, qué implica y qué dudas genera la empresa pública de vivienda de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó este fin de semana su intervención en el cierre del 41º Congreso Federal del PSOE para anunciar que el Ejecutivo creará una "gran" empresa pública de vivienda, que se encargará de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE).

La creación de una empresa pública ha sido una de las principales reivindicaciones de partidos a la izquierda del PSOE, que han ido realizando este planteamiento como una de las medidas contra la crisis de la vivienda y la dificultad de acceso de los jóvenes.

El presidente no dio mucho más detalles, pero la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dado hoy varias pistas de cómo se va a poner en práctica esta iniciativa.

Reconversión de Sepes

Rodríguez ha explicado que la empresa pública de vivienda tendrá como "germen" la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que será reconvertida y "fortalecida" para abordar el problema de la vivienda de manera "integral" -desde el suelo, a la urbanización y la construcción de vivienda hasta su movilización y gestión-.

En este sentido, Rodríguez ha indicado que se dispone de "mucho suelo" propiedad de la Administración General del Estado, desde suelo del Ministerio de Defensa, a suelos de Adif y de la propia Sepes e incluso de la Sareb.

"Esa empresa que ya tenemos, que es la empresa de suelo, Sepes, se va a completar con otras acciones (...) Los activos que tenemos de la Administración General del Estado, que son patrimonio inmobiliario, se pueden traducir en vivienda asequible o utilizar instrumentos que representaban el fracaso de las políticas del PP como pudiera ser la Sareb, incorporarlos también a esta gran empresa", ha señalado Rodríguez.

La ministra ha asegurado que los Ministerios económicos del Gobierno llevan un año trabajando en la fórmula jurídica para dar respuesta a esa nueva empresa.

"Se tratará de convertir y fortalecer SEPES. Por tanto, el instrumento es el fortalecimiento de la anterior empresa del suelo que ahora abarca también la vivienda, introducir todo ese patrimonio, adquirir todo el patrimonio del Estado, completarlo con esa financiación pública que estamos disponiendo a través del ICO y abordar no sólo la construcción o la urbanización del suelo, sino también la promoción de un parque de vivienda asequible. Incluso la movilización en alquiler", ha explicado.

La ministra ha precisado que esta nueva empresa pública de vivienda, que se lanzará de manera "inminente", no necesita de un acuerdo en Consejo de Ministros para ponerse en marcha y ha indicado que se están ultimando los instrumentos jurídicos para abordarla "con las máximas garantías".

¿Qué vivienda va a desarrollar?

Rodríguez ha señalado que, desde esta empresa pública, se construirán viviendas asequibles, tanto para alquiler como para compra, en colaboración con las constructoras. "Tenemos que promover mucha vivienda, estamos ante un problema de vivienda que tiene que ver con la oferta", ha apuntado.

Ante la falta de oferta y la alta demanda, contexto que presiona los precios de la vivienda al alza, Rodríguez ha afirmado que el Gobierno "va a intervenir fundamentalmente vía oferta, incrementándola en un parque público, y converger en estándares europeos y en la asequibilidad".

"La empresa se encargará también de movilizar parque de vivienda precisamente en un mercado de alquiler asequible. Es una empresa integral que incorporará todas las potencialidades y todas las capacidades que dispone la Administración General del Estado, redoblando los esfuerzos, desde los esfuerzos de personal a los esfuerzos también en el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, la financiación, incorporando al ICO u otras líneas como el Banco Europeo de Inversiones", ha subrayado.

Así, ha insistido que, con esta empresa pública, se contará con un instrumento de mayor fortaleza para afrontar la demanda de vivienda a precios asequibles. "No hay ninguna administración que pueda construir la necesidad de demanda que en estos momentos tiene este país. Estamos hablando de la necesidad de construir en el menor tiempo posible, que es el objetivo que tenemos por delante, un millón y medio de viviendas asequibles para concurrir, para estar en los estándares europeos", ha insistido.

La ministra ha afirmado además que pese a la "ingente" cantidad de presupuesto que se ha asignado desde el Gobierno a resolver el problema de la vivienda, se va a poner más dinero.

"Hay que acelerar los ritmos y tenemos que converger todas las administraciones y operadores públicos y privados para conseguir ese objetivo. Si hay alguna administración que dice que puede hacerlo sola, está mintiendo. Yo lo que le digo a los españoles es que el gobierno va a poner todos los recursos necesarios para hacerlo posible en el menor tiempo.

Y esto es el fortalecimiento de un instrumento con más recursos, con más capacidad para que, como decía, desde la urbanización del suelo hasta la entrega de llaves o la gestión de los alquileres pueda ser completada por la Administración General del Estado para dar una respuesta lo antes posible a la necesidad de las familias de una vivienda", ha argumentado.

La nueva empresa se concretará "en unas semanas"

La ministra ha insistido en que se están ultimando los trabajos para lanzar esta empresa pública de vivienda. "Estamos a unas semanas de concretar ese instrumento", ha dicho Rodríguez, que en todo caso ha subrayado que hay administraciones que, con el impulso del Gobierno de España, ya están promoviendo viviendas asequibles "que van a terminarse inmediatamente, en cuestión de un año".

"Son viviendas, por ejemplo, del Plan de Recuperación, donde hemos impulsado 25.000 viviendas gracias a más de 500 convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas y 1.000 millones de euros (US$1.052 millones) del Gobierno que estamos impulsando a través de los planes estatales de vivienda y en colaboración con administraciones territoriales, la movilización de viviendas vacías para un parque público de vivienda en alquiler. Ya hay todo un parque de vivienda que estamos desarrollando, más de 80.000 viviendas que están en fase de construcción, de movilización y, por tanto, ya puestas a disposición", ha explicado.

Constructores y promotores muestran sus recelos

Sin embargo, las patronales de la construcción, CNC, y de los promotores de vivienda, APCEspaña, ya han mostrado sus dudas sobre la nueva empresa estatal de vivienda y defienden un aumento de la colaboración público-privada.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) afirma que una gran empresa pública no resolverá los problemas de vivienda que arrastra España, que se deben sobre todo a la escasez de oferta y la inseguridad jurídica en el sector.

Defienden que España tiene a las mejores empresas del mundo para solucionar los problemas de vivienda, por lo que "no necesitamos" una empresa pública, sino acabar con la inseguridad jurídica para aumentar la oferta, agilizar los trámites, optimizar esfuerzos, acortar los plazos de actuación y trabajar de una manera unida y coordinada, "alejada del ruido político".

La CNC explica que la escasez de la oferta se debe al "complejo" ordenamiento jurídico de las comunidades, a aspectos "controvertidos" de la ley de vivienda, a la "complejidad" de la ley de arrendamientos urbanos o la ley del suelo, "retirada in extremis" por el Gobierno en mayo pasado.

La patronal de los constructores cree que el desbloqueo de estos asuntos es fundamental para reforzar la seguridad jurídica del sector. El Gobierno "se equivoca" si simplemente quiere crear una gran empresa pública para construir y gestionar vivienda pública, dice la CNC, que cree que la iniciativa privada ejecuta "más ágilmente".

Defienden los constructores que en España hay empresas líderes en el mundo sobradamente capacitadas para levantar las 220.000 viviendas anuales que serían necesarias urgentemente para empezar a aliviar los problemas del mercado y poder alcanzar la velocidad de crucero de 150.000.

Por ello, en lugar de crear una gran empresa pública de vivienda, abogan por reforzar la colaboración público-privada, que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos aprovechar la capacidad, experiencia y dinamismo de las empresas.

Por su lado, la patronal de promotores APCEspaña pide al Gobierno detalles sobre esta nueva empresa pública y la dotación presupuestaria con que contará para que sea creíble y no quede en un "simple anuncio".

A su juicio, si el Gobierno quiere impulsar medidas efectivas que incidan en la oferta de vivienda debería centrar sus esfuerzos en sacar adelante la reforma de la ley de suelo, además de favorecer que las administraciones locales y autonómicas puedan poner suelo público a disposición de promotores públicos y privados, entre otras acciones.

Asimismo, el sector reitera su disposición a impulsar herramientas efectivas de colaboración público-privada que permitan incrementar el parque de viviendas en España.

La patronal subraya que la promoción de viviendas requiere de una alta profesionalización y de un marco regulatorio claro, justo y estable en el tiempo que permita realizar las inversiones necesarias para desarrollar proyectos con garantías y sin cambios normativos que demoran, e incluso paralizan, la actividad promotora.