Reporte de la Ocde muestra signos de mejora en la transparencia fiscal de la región

El problema de la evasión de impuestos en América Latina es un problema al que durante décadas organismos internacionales y gobiernos han intentado darle manejo. Los avances, a la fecha, serían significativos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) se encargó de evaluar e informar el progreso de la transparencia fiscal en la región en uno de sus últimos foros, además de dar recomendaciones para mejorar las cifras.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2018 se perdieron US$296.146 millones, lo que equivale a 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región debido a el incumplimiento tributario. De ese porcentaje, 3,8% corresponde a la evasión del impuesto de sociedades e impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además, la Cepal estima que varios países de la región tienen una brecha en el impuesto sobre la renta de más de 50%.

Las acciones de la Ocde para mitigar la evasión fiscal van encaminadas a generar acuerdos en América Latina que ayuden a impulsar políticas para la transparencia, que desde 2018 se vienen implementando. En el informe de foro se resaltó que aunque el progreso es desigual en la región, la iniciativa resalta los enfoques exitosos de los países latinoamericanos para luchar contra los Flujos Financieros Ilícitos (FFIs).

Mario Ramos Martínez, director general de la dirección general de tributación de Costa Rica invitó a todos los países a unirse a la iniciativa. “Instamos a otros miembros del Foro Global a formar parte de este ambicioso proyecto que ofrecerá oportunidades de trabajo conjunto a largo plazo con resultados económicos favorables, así como el aprendizaje de las mejores prácticas internacionales para la lucha contra los delitos mencionados”.

Por ejemplo, el intercambio de información tributaria o (EOI) en la región mostró un avance en sus solicitudes alcanzando 735 en 2022, aún así este número se concentra en unos pocos países como Argentina, Colombia, México y Perú, que representaron más de 90%. Pero de los países evaluados, ya son seis los que cuentan con una calificación “Ampliamente Conforme”, en cuanto a la implementación de estas políticas.

Del lado de los retos, se indicó que un tercio de los miembros latinoamericanos del Foro Global no participan en el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras (Aeoi), y los que participan en él aún no hacen pleno uso de la información financiera recibida automáticamente.

No obstante en 2022 se destacó que un logro clave fueron las medidas concretas adoptadas para ampliar el uso de la información intercambiada a través de los canales de los tratados tributarios para fines no tributarios, como delitos e infracciones relacionados con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la corrupción y las aduanas.

Con esta participación los países se beneficiaron de los estándares de transparencia fiscal (Eoir y AEO), y aumentaron sus ingresos fiscales. Los encuestados latinoamericanos dijeron haber recaudado e identificado US$771.001 millones de ingresos adicionales en 2022.

Adelantos en políticas

El año pasado, según datos del informe, México solicitó la autorización de una jurisdicción socia para el uso de la información intercambiada a través de un tratado tributario con fines anticorrupción.

Esto en el contexto de una investigación de las operaciones comerciales de dos contribuyentes con más de 15 entidades en el extranjero y que también implicaba a funcionarios públicos. Allí explicaron que con la autorización de la jurisdicción social, fue posible presentar una demanda y utilizar la información tributaria como prueba en un caso penal de corrupción.

Por otro lado, Argentina envió 11 solicitudes a 10 países para solicitar su autorización para utilizar la información intercambiada a través de tratados tributarios con fines de lucha contra el lavado de dinero, según el informe, de las 11 solicitudes cuatro de ellas fueron autorizadas y la información pertinente se compartió con la Unidad de Inteligencia Financiera, donde las investigaciones están en curso. Algunas de las autorizaciones no se concedieron porque la legislación doméstica de las jurisdicciones solicitadas no permite que la información se comparta con otros organismos o se utilice para fines distintos de los tributarias.

Los 15 países aliados recalcaron su compromiso con las políticas de transparencia. Oscar Orué Ortiz, viceministro de tributación de Paraguay dijo que “el proyecto para el uso más amplio de la información intercambiada bajo tratados es muy importante, ya que fortalecerá la red interinstitucional de cooperación local, para continuar la lucha contra la evasión fiscal y otros delitos transfronterizos”.