Tres indicadores que determinan quién tiene la agenda económica entre Fujimori vs Sánchez

Propuestas de Política 2026-2031, agenda técnica elaborada por Videnza Instituto, reúne reformas sectoriales diseñadas con el fin de que, si se aplicaran, el próximo Gobierno pueda pasar del diagnóstico a la ejecución. Replicando una metodología similar a la que emplean los organismos multilaterales en otras elecciones de Sudamérica, se analizó las coincidencias, brechas y tensiones entre dichas propuestas y las incluidas en los planes de gobierno de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP).

El ejercicio, que apela a la inteligencia artificial (IA), permite identificar con mayor precisión y objetividad el grado de alineamiento con propuestas técnicas diseñadas para resolver problemas estructurales en tres ejes clave para la economía nacional.

El primero es la sostenibilidad fiscal, donde la deuda pública podría alcanzar 70% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2036 de ejecutarse las iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso de la República.

El segundo eje es el cierre de la brecha de infraestructura que, para el período 2016-2025, se estimaba en US$ 159,549 millones o más de 40% del PBI. Y el tercer eje es la formalización de la economía, considerando que más de 70% del empleo y cerca de 90% de las unidades productivas del país operan fuera de los marcos laborales, tributarios o regulatorios formales.

Esta metodología pide a la IA un análisis técnico, neutral y documentado, donde los resultados pueden ser:

• Alineado/robusto: 70–100 puntos.
• Parcial/superficial: 40–69 puntos.
• Desalineado: 0–39 puntos.
• Sin información: ninguna de las anteriores.
• Los tres ejes revisados apuntan en la misma dirección. En manejo de las cuentas públicas, infraestructura y formalización, Fuerza Popular registra un mayor nivel de coincidencia con la agenda técnica de Videnza, aunque aún presenta vacíos de diseño e implementación.

Juntos por el Perú, en cambio, muestra una distancia más amplia y recurrente, no solo en los instrumentos, sino también en el enfoque mismo de la política pública y su impacto adverso sobre los objetivos que pretendería alcanzar.

Por eso, la diferencia entre ambos planes no es de grado, sino de orientación: uno se acerca más a un marco de política económicamente viable, mientras que el otro privilegia una ruta de mayor intervención estatal y de desincentivos a la inversión privada.

Sostenibilidad fiscal

En materia fiscal, Fuerza Popular registra un alineamiento parcial-robusto (68/100), con propuestas explícitas en los tres sub ejes analizados: ingresos, gasto e institucionalidad. Destaca su compromiso de reducir el déficit fiscal a 1% del PBI al 2031 y restablecer reglas fiscales que limiten el crecimiento del gasto corriente, así como su énfasis en la eficiencia del gasto y la programación multianual.

No obstante, el principal vacío está en los “cómo”: no detalla instrumentos clave como la racionalización de los gastos tributarios, estrategias integrales contra la evasión o mecanismos de evaluación sistemática del gasto. Además, el objetivo de cumplir con las reglas fiscales contrasta con algunas propuestas de mayor gasto en proyectos como las líneas de Metro en Lima.

De otro lado, Juntos por el Perú presenta un bajo nivel de alineamiento (32/100) y brechas críticas. Su propuesta de elevar la presión tributaria a 25% del PBI y eliminar las exoneraciones es consistente con un enfoque redistributivo, pero carece de gradualidad, de instrumentos técnicos y de un marco fiscal que garantice su sostenibilidad.

Tampoco plantea reglas fiscales ni una institucionalidad que discipline el gasto, lo que reduce la credibilidad del conjunto e introduce un sesgo confiscatorio hacia los contribuyentes.

Un punto crítico en el caso de Juntos por el Perú pasa por cómo lograr la sostenibilidad fiscal con un proyecto que no ofrece ninguna certeza sobre el crecimiento económico ni sobre la inversión privada futura. Sin crecimiento económico, no se pueden aumentar los ingresos fiscales y la trayectoria deficitaria se desbordaría.

Infraestructura

El contraste más marcado se observa en infraestructura. Fuerza Popular alcanza un promedio de alineamiento de 66/100, operando dentro del mismo paradigma que Videnza: uso intensivo de Asociaciones Público-Privadas, APP, Obras por Impuestos (OxI) y mecanismos de financiamiento mixto combinados con sostenibilidad fiscal y transparencia.

Las principales brechas están en aspectos técnicos del ciclo de inversión: ausencia de reforma explícita de Invierte.pe, falta de evaluación ex post y debilidad en mecanismos de destrabe especializados.

Juntos por el Perú, en cambio, obtiene un alineamiento muy bajo (22/100) y se aleja del marco propuesto en la mayoría de ejes analizados. Su enfoque prioriza el rol empresarial del Estado, restringe la participación privada y plantea renegociaciones contractuales unilaterales.

Esto genera una tensión estructural con el modelo de Videnza, que considera a las APP y OxI herramientas clave para cerrar brechas de infraestructura. Sin embargo, existen puntos de convergencia: ambos programas reconocen el problema de obras paralizadas y la necesidad de mejorar la ejecución, aunque difieren en los instrumentos.

Formalización

En la agenda de formalización, Fuerza Popular muestra un alineamiento parcial (66/100), con propuestas en todos los ejes: simplificación, beneficios, digitalización y fiscalización. Iniciativas como “Licencia O”, ventanilla única y la digitalización de la pequeña y mediana empresa recogen elementos importantes del enfoque de Videnza, centrado en reducir los costos de formalización.

Sin embargo, el diseño aún es incompleto. Las políticas no integran plenamente una lógica de incentivos que combine simplificación, acceso a mercados, financiamiento y productividad, factores indispensables para que la formalización sea sostenible.

Juntos por el Perú presenta nuevamente un bajo alineamiento (28/100) y desalineamiento activo en los cuatro ejes. Su énfasis en una mayor regulación, en el control estatal y en modelos cooperativos que se distancian del enfoque basado en incentivos que propone Videnza. Esta impresión se refuerza con propuestas como las de aumentar el salario mínimo en 33%, lo que solo asegura elevar la valla para formalizar a las micro y pequeñas empresas.

El problema no es el diagnóstico, ambos coinciden en la magnitud de la informalidad, sino la estrategia: mientras un enfoque busca reducir barreras y generar beneficios tangibles de corto plazo, el otro incorpora medidas que pueden elevar los costos de formalidad.

El falso diagnóstico del malestar ciudadano

El análisis comparado que Videnza Instituto elaboró sobre los planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú confirma una distancia significativa entre ambas propuestas en materia de sostenibilidad fiscal, infraestructura y formalización. Pero la brecha de fondo no se captura en esos puntajes. Está en el diagnóstico errado y las eventuales repercusiones adversas que sus planteamientos tendrían en la economía.

La izquierda insiste en que la fuente del descontento es el modelo económico y que, por tanto, hay que cambiarlo. Es un diagnóstico equivocado. El artículo 58 de la Constitución establece que la iniciativa privada se ejerce en una economía social de mercado, bajo la cual el Estado orienta el desarrollo y actúa principalmente en empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Ese mandato no se ha cumplido. El problema no es el modelo sino un Estado ineficaz para ejecutar el rol que la propia Constitución le asigna.

La izquierda insiste en que la fuente del descontento es el modelo económico y que, por tanto, hay que cambiarlo. Es un diagnóstico equivocado. El artículo 58 de la Constitución establece que la iniciativa privada se ejerce en una economía social de mercado, bajo la cual el Estado orienta el desarrollo y actúa principalmente en empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Ese mandato no se ha cumplido. El problema no es el modelo sino un Estado ineficaz para ejecutar el rol que la propia Constitución le asigna.

Lo que falló fueron servicios públicos deficientes, obras paralizadas, informalidad alimentada por costos absurdos de formalización y una capacidad estatal incapaz de traducir crecimiento en bienestar territorial. Esos problemas no se resuelven pateando el tablero o con medidas como elevar la presión tributaria a 25% del PBI, restringir la inversión privada o subir el salario mínimo en 33%. Se resuelven reformando un Estado que hoy no funciona.

La diferencia entre ambos programas, entonces, no es de matiz, sino de orientación. Uno opera dentro del marco constitucional y propone corregir la ineficacia estatal. El otro busca sustituir el modelo entero por una arquitectura distinta, más Estado empresario, menos inversión privada, más regulación que en la región ya ha sido ensayada con resultados conocidos.

El Perú no puede darse el lujo de experimentar con recetas trasnochadas que ya fracasaron. Cuando se tiene aun a un cuarto de la población viviendo en pobreza, dejar de crecer no es una opción ideológica sino el camino más rápido hacia el retroceso.