Tribunal Supremo falla en contra de General Motors por fallas en sistema de ignición
lunes, 24 de abril de 2017
Expansión - Madrid
Este organismo judicial declinó revisar una sentencia de 2016 de un tribunal de Nueva York rechazó el intento de General Motors de anular las reclamaciones de sus clientes sobre posibles accidentes vinculados con los problemas en el sistema de ignición y por la pérdida de valor de sus vehículos, puesto que los demandantes no habían sido notificados de forma adecuada de dicho defecto antes de que la compañía se acogiera a concurso de acreedores en 2009.
Este caso está relacionado con un fallo en el sistema de arranque de vehículos de General Motors que podrían vincularse con 124 víctimas mortales y con 275 personas heridas en accidentes ocasionados por este problema en el arranque de los modelos.
El fallo consistía en que el vehículo podría apagarse de forma inesperada a causa de un fallo en el sistema de ignición durante la conducción, por lo que dejarían de funcionar tanto el sistema de frenado, como la dirección y los airbags.
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Ante esta decisión judicial, el portavoz de la corporación automovilística, Jim Cain, indicó que ésta no se ha tomado sobre el fondo y señaló que este tema se tenga que abordar de nuevo en el futuro.
De esta forma, el rechazo de la apelación de General Motors permite demandas en relación con fallecimientos y lesiones de personas por el problema del sistema de ignición antes de la suspensión de pagos de la compañía, así como las relacionadas con las pérdidas económicas y del valor del vehículo.
"Cientos de casos de fallecimientos y lesiones se han congelado durante años ya que General Motors erróneamente intentó esconderse detrás de una falsa bancarrota", aseguró el abogado principal de la demanda colectiva, Robert Hilliard, al tiempo que señaló que la compañía ya no se puede esconder más.
Este problema técnico provocó que la corporación estadounidense llamará a revisión 2,6 millones de vehículos en 2014 y que haya tenido que afrontar el pago hasta la fecha de US$2.500 millones (2.360 millones de euros al cambio actual) en concepto de sanciones civiles y penales.
En 2015, un juez de bancarrota estadounidense determinó que la corporación estaba protegida de responsabilidad sobre sus acciones anteriores a la suspensión de pagos, aunque otro tribunal rechazó esta sentencia, ya que consideró que los demandantes no recibieron una notificación adecuada del defecto ni de la declaración de bancarrota, por lo que impedir sus demandas iría contra sus derechos constitucionales.
Esta sentencia afecta a fallecidos y lesionados por el caso del sistema de ignición anteriores a la suspensión de pagos de la firma en 2009 y se calcula que las demandas podía alcanzar un valor de US$10.000 millones (9.433 millones de euros).
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