Venezuela y Estados Unidos se alistan para volver a negociar previo a las elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su gobierno reanudará las conversaciones este mes con la administración Biden antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Las conversaciones, que se retomarán el próximo miércoles, tienen como objetivo lograr avances para cumplir las condiciones de un pacto mediado por Catar sobre garantías electorales a cambio de un alivio de las sanciones, dijo Maduro el lunes por la noche durante un programa de televisión.

El Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios el lunes por la noche.

Las conversaciones directas han estado estancadas desde una reunión secreta entre las partes en México en abril. El gobierno venezolano dijo que durante ese último encuentro había señalado el incumplimiento por parte de la administración Biden de un levantamiento programado de las sanciones. Posteriormente, EE.UU. restableció las sanciones al incumplir Maduro un acuerdo electoral sellado con la oposición.

Maduro dijo que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, representarán a Venezuela durante esta nueva reunión. El diálogo será “público”, dijo, “para evitar especulaciones”.

Maduro se presenta a la reelección contra el ex diplomático Edmundo González —reemplazante de la proscrita líder opositora María Corina Machado— quien, según la mayoría de las encuestas, lidera la contienda con 20 puntos porcentuales. Aún así, Maduro sigue convencido de que puede derrotar a González en las urnas y, según personas con conocimiento directo de sus planes, tiene alternativas para aferrarse al poder si ha calculado mal.

El gobierno de Venezuela retiró a fines de mayo una invitación a los observadores electorales de la Unión Europea, lo que reduce las posibilidades de que la comunidad internacional acepte los resultados de las elecciones. En el frente interno, el gobierno ha intensificado la represión de la disidencia política, emitiendo órdenes de arresto contra ayudantes y aliados de Machado e inhabilitando a dirigentes provinciales.