Adiciones a las concesiones deben ser la excepción

Es propósito de este Gobierno y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) consolidar una infraestructura vial, aeroportuaria, férrea y portuaria que nos permita ser competitivos a nivel mundial.

Por eso estamos entregándole al país infraestructura a un ritmo récord. Por ejemplo, el año pasado se construyeron 202 km en doble calzada, mientras que en la década pasada se construyeron en promedio 50 km por año. Este año nos hemos puesto como meta llegar a 300 km. Hemos iniciado el proceso de contratación de infraestructura más ambicioso en la historia del país, por $44 billones, para superar el atraso acumulado por décadas.

Ese reto debe hacer uso de todas las herramientas que nos da la ley, entre ellas las adiciones a los contratos. Dichas adiciones deben ser entendidas como una excepción que permita ajustes al alcance contratado, y no como regla general. Consecuentemente, el Gobierno está de acuerdo con que el mecanismo de las adiciones se use, pero bajo límites razonables y no está de acuerdo con que se abuse de ellas.

Por eso este Gobierno tramitó la Ley de Asociaciones Público Privadas (1508), la cual trae exigencias fuertes en términos de los estudios previos a la contratación, para reducir los imprevistos, y también permite adiciones en hasta un 20% sobre el valor original del contrato. Ese tope en adiciones exige de todos un análisis serio de los riesgos del contrato y nos pone a los servidores públicos en la tarea impostergable de resolver y sin dilaciones, materias tan complejas como predios y licencias ambientales. La Ley 80 también permite adiciones en hasta un 50% en el valor de los contratos celebrados.

Desafortunadamente, Colombia ha sido atípica a nivel internacional en el uso de las adiciones en los contratos de concesión. Según la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (Oecd), “en Colombia en la mayoría de los casos las renegociaciones costaron más que los contratos”. La Oecd es la organización que establece mejores prácticas para los gobiernos de los países desarrollados, y a la cual aspiramos pertenecer.

En un cuadro comparativo, la Oecd destaca a Colombia como un caso atípico en términos de adiciones y renegociaciones. Según el informe, Colombia ha sido el país que más adiciona a sus contratos, seguido de lejos por Ecuador y Perú. Entre tanto, Brasil, Chile, Costa Rica y Paraguay, no superan el tope del 20% en adiciones. Si bien para esa organización “las renegociaciones de contratos son inevitables, se pueden evitar comportamientos oportunistas o de inconsistencia dinámica”. Nosotros tenemos contratos de concesiones con adiciones del orden del 900%.

Un estudio de la firma Econometría para el Departamento Nacional de Planeación (Dane), es claro y muy preocupante. En él se consolidan los comparativos entre los contratos originales y sus adiciones, resaltándose que en promedio las adiciones en Colombia llegaron al 158% con respecto al valor original de los contratos.

Según el análisis, se hace irrefutable lo que ha pasado hasta ahora con las adiciones en Colombia. Estas salieron de todo parámetro y sus valores se alejaron de la realidad de los precios del mercado. Esta práctica denota en alto grado improvisación, porque actos administrativos que incorporaban nuevas obras a los contratos o extendían el tamaño y longitud de las concesiones contratadas, no contaban con estructuraciones, sus diseños eran incipientes y sus valores indescifrables. Las adiciones deben recuperar su finalidad, no pueden ser agregados casuales a los contratos, deben ser para superar lo imprevisible.

ANI lanzará proyecto de corredor vial en el Valle
La Agencia Nacional de Infraestructura lanzará el proyecto de una vía nueva entre Mulaló y Loboguerrero que tiene una longitud estimada de 32 kilómetros, con cerca de 14 kilómetros de túneles y viaductos. Adicionalmente, se rehabilitará la vía Cali - Dagua - Loboguerrero, con una longitud de 52 kilómetros. El corredor vial conectará todas las actividades económicas del Sur Occidente del país con los puertos del Pacífico colombiano, así como las zonas productivas.