La falta de estrategias para la protección de datos fomentan los casos de ciberataques

La ciberseguridad se ha vuelto un tema recurrente en las empresas que manejan una gran cantidad de datos y los almacenan, ya sea en la nube o de forma local. Junto con esto, los cibercrímenes han aumentado significativamente desde el surgimiento de nuevas tecnologías y servicios digitales (especialmente en aquellas empresas y entidades que no han acoplado los protocolos y medidas necesarias para contener esta amenaza).

Derivado de los ciberataques, aparecen consecuencias de orden económico, político y legal por el acceso y manipulación que los ciberdelincuentes hacen con los datos personales y/o financieros. Tal es el caso del ataque cibernético más sonado en Colombia en el último tiempo, el ataque tipo ‘ransomware’ a IFX Networks que afectó a los datos de la rama judicial colombiana, el ICA, dos superintendencias y algunas dependencias del Ministerio de Salud.

En esta intromisión a los servidores de las mencionadas empresas, se puso al descubierto la fragilidad de las empresas y entidades del estado con respecto a la protección de datos sensibles y la manera de afrontar estas situaciones.

Dicho esto, ha surgido el interrogante de qué fomenta los ataques cibernéticos y cómo afectan en mayor o menor medida la infraestructura financiera y legal de las empresas y su reputación. Según un estudio de Thales, líder mundial en identidad y seguridad digital, las principales causas del impacto económico son los errores humanos que comprometen las credenciales de acceso a la información pero, principalmente, la falta de una política y protocolos de protección de los datos hace que el problema sea recurrente a pesar de los peligros que este conlleva.

Al respecto, Thales aseguró que en América Latina, el 60% de las empresas tienen cifrados el 40% de sus datos cifrados en la nube; guarismo que evidencia la falta de compromiso de las compañías por robustecer sus esquemas de seguridad cibernética. De la misma manera, un reporte de Cybersecurity Ventures resaltó que los costos globales de la ciberdelincuencia ascenderán 15% anualmente en los próximos dos años, pasando de US$8 billones en 2023 a US$10.5 billones en 2025; la cifra muestra el crecimiento que ha tenido este gasto con respecto a la cifra de hace ocho años (US$3 billones).

Michael Ortegón, decano de la facultad de ciencias económicas y administrativas de Uninpahu, resaltó que la principal consecuencia económica de un ciberataque es la afectación a las actividades regulares de una empresa, perjudicando la operación normal de esta y deteniendo sus actividades productivas (oferta de productos o prestación de servicios). Haciendo referencia a las alternativas de solución, Ortegón aseguró que es necesario que en la planeación de un presupuesto se asignen porciones robustas a la gestión segura de los accesos a la información y se hagan capacitaciones al personal para concientizar y educarlos sobre la importancia de la seguridad digital.

Así mismo, Diego Osorio, docente de la especialización en Seguridad Informática de la misma universidad, reiteró la importancia de crear archivos de respaldo (back-ups), contar con un plan de contingencia para el manejo de situaciones de crisis y, en términos coloquiales, crear una cultura de paranoia en la que se desconfíe de actuaciones sospechosas y se prevenga el acceso a personas que no pertenecen a una empresa en particular.

Sin embargo, Osorio también defiende que un trabajo coordinado entre las empresas privadas y las instituciones del Estado fortalecerá la eficacia de la protección de datos sensibles; esto por medio de la inversión de ambas partes en la infraestructura digital, la formación de nuevos profesionales capaces de afrontar este tipo de situaciones y el establecimiento de estándares, normativas y regulaciones claras y rigurosas sobre los ciberataques en el país.