Justicia española atribuye al Estado la propiedad de dos obras de Goya tras disputa

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España determinó este viernes que los retratos del rey Carlos IV de España y de la reina María Luisa de Parma, realizados por Francisco de Goya a finales del siglo XVIII, son propiedad del Estado. Con esta decisión se cierra de manera definitiva el conflicto legal que enfrentaba a la compañía Altadis, empresa tabaquera, con la administración pública española por la titularidad de estas obras.

El fallo establece que los lienzos, encargados en 1789 por la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, formaban parte originalmente del patrimonio de la Corona y posteriormente pasaron a manos del Estado. A lo largo del tiempo, distintas entidades vinculadas al sector del tabaco mantuvieron la posesión de las piezas, hasta llegar a la actual empresa Altadis, pero sin que ello implicara la adquisición de su propiedad.

Según la resolución judicial, el Estado permitió que la Compañía Arrendataria de Tabacos utilizara los retratos con fines decorativos en sus instalaciones tras el arrendamiento del monopolio en 1887. Sin embargo, ese uso nunca supuso la renuncia a la titularidad pública de las obras. En este sentido, el alto tribunal concluye que la empresa no logró demostrar que su posesión se realizara en calidad de propietaria, condición indispensable para reclamar la propiedad mediante usucapión.

Asimismo, la sentencia emitida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España recuerda que la legislación española en materia de patrimonio histórico impide la enajenación de bienes de esta naturaleza por parte de las administraciones públicas y establece su carácter imprescriptible, lo que bloquea cualquier intento de adquisición por el paso del tiempo.

La multinacional tabaquera manifestó su desacuerdo con el contenido de la decisión, defendiendo que en distintos momentos el propio Estado reconoció su titularidad, especialmente con la firma de un contrato de comodato en 1999. No obstante, la empresa ha confirmado que acata el fallo, que no admite recurso.

Los cuadros fueron creados con motivo de la proclamación del reinado de Carlos IV y formaron parte de un conjunto decorativo instalado temporalmente frente a la fábrica sevillana durante las celebraciones. Tras ese evento, las pinturas quedaron ubicadas en dependencias de la institución.

Documentos históricos indican que en 1887 ya existía un inventario que registraba varios retratos reales en posesión de la fábrica, aunque sin especificar la autoría. Con el paso de las décadas, las obras cambiaron de ubicación y gestión, como ocurrió en 1946, cuando fueron halladas en un edificio de Madrid tras una operación inmobiliaria.

Diversos informes jurídicos elaborados desde mediados del siglo XX sostuvieron que los cuadros pertenecían al Estado, criterio que fue comunicado oficialmente a la empresa en los años ochenta. A pesar de ello, la compañía mantuvo su propia interpretación sobre la propiedad de las piezas.

Durante años, las pinturas participaron en exposiciones tanto en España como en el extranjero, en virtud de acuerdos entre la empresa y la administración cultural. En esos convenios ya se contemplaba la posibilidad de que los bienes pasaran a titularidad estatal debido a su relevancia cultural.

El conflicto se intensificó en el siglo XXI, cuando la empresa intentó utilizar los cuadros para saldar obligaciones fiscales o incluso vender activos no estratégicos, solicitudes que fueron rechazadas por las autoridades culturales. Finalmente, a partir de 2017, la disputa se trasladó a los tribunales, pasando por distintas instancias judiciales hasta llegar al Supremo.

Con esta resolución definitiva, el alto tribunal reafirma el carácter público de estas obras y pone fin a una controversia que se prolongó durante años en torno a uno de los conjuntos pictóricos vinculados a la historia institucional y artística de España.