Polémica por remodelación no autorizada en una obra de Rogelio Salmona

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Una intervención sin autorización en uno de los apartamentos de Altos de Santana, una de las obras del arquitecto colombo-francés Rogelio Salmona, abrió una polémica en Bogotá por tratarse de un inmueble protegido como Bien de Interés Cultural del Ámbito Distrital.

El conjunto residencial, ubicado en los Cerros Orientales, al norte de la ciudad, cuenta con esta declaratoria desde hace 16 años. La construcción fue terminada y entregada hace más de 36 años y forma parte del patrimonio arquitectónico de la capital.

Altos de Santana fue diseñado sobre un terreno de alta pendiente y de forma casi cuadrada. Su estructura está compuesta por un volumen escalonado, con aislamientos laterales y posterior, y alberga 15 apartamentos: 12 dúplex y tres distribuidos en tres niveles.

La controversia surgió tras conocerse la remodelación realizada en uno de los apartamentos sin contar con los permisos correspondientes. La intervención habría modificado de manera significativa elementos de la estructura interna del inmueble, una situación que, por su condición patrimonial, puede derivar en sanciones económicas y en la obligación de devolver el apartamento a su estado original.

Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc), confirmó a Blu Radio que la entidad inició un proceso de revisión para determinar las responsabilidades y las condiciones en las que se ejecutaron las obras.

De acuerdo con Parra, la declaratoria como Bien de Interés Cultural implica la conservación de elementos como la tipología arquitectónica, las circulaciones, los espacios, las fachadas, las volumetrías y las escaleras. Estas disposiciones no se limitan a las zonas comunes del conjunto residencial, sino que también pueden cobijar elementos ubicados dentro de los apartamentos, como las escaleras internas.

En este caso, la intervención habría implicado la modificación de una escalera original del diseño de Salmona, por lo que, además de la eventual sanción económica, los propietarios podrían estar obligados a reconstruirla y restituir el inmueble a las condiciones que tenía antes de la remodelación.

Las sanciones para quienes intervengan un Bien de Interés Cultural sin las autorizaciones requeridas pueden oscilar entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales, además de las medidas de restitución que determine la autoridad competente.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre las intervenciones que los propietarios realizan en sus viviendas y las obligaciones de conservación que implica habitar un inmueble que hace parte del patrimonio arquitectónico de Bogotá.

*Con información de Colprensa