Portugal reflexiona sobre "varios modelos" para aplicar a los impuestos criptográficos
jueves, 19 de mayo de 2022
La falta de legislación del país, combinada con costos de vida asequibles ha atraído a un número creciente de nómadas digitales
Bloomberg
Portugal se está embarcando en un cambio importante de rumbo, ya que considera imponer impuestos a las criptomonedas, lo que indica un cambio de política para uno de los destinos más amigables con las criptomonedas de Europa.
La falta de legislación del país, combinada con sus costos de vida asequibles y temperaturas suaves, ha atraído a un número creciente de nómadas digitales y empresas de criptomonedas en los últimos años. Por el momento, Portugal no grava las ganancias criptográficas, a menos que se deriven de actividades profesionales o comerciales. Pero esto podría cambiar pronto.
“La intención del gobierno es legislar sobre este tema”, dijo el jueves a periodistas en Lisboa el ministro de Finanzas, Fernando Medina. “No quiero comprometerme con una fecha límite. El cronograma será lo antes posible, cuando tengamos una propuesta consistente y luego de un amplio debate público”.
Medina, exalcalde de Lisboa, insistió en que Portugal seguirá siendo un destino competitivo una vez que entren en vigor las nuevas normas fiscales.
“Portugal adoptará un régimen que sea efectivo, que sea justo y que se ajuste a las mejores prácticas desde el punto de vista de lo que son las experiencias internacionales y también de la posición competitiva del país”, dijo.
La presencia de entusiastas de las criptomonedas es palpable en Lisboa, donde las oportunidades para establecer contactos van desde la Web Summit anual, una de las conferencias tecnológicas más grandes del mundo, hasta reuniones informales semanales en bares.
El número de residentes extranjeros que viven en Portugal aumentó un 40% durante la última década a 555.299 personas en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística de Portugal. Algunos de estos residentes también se benefician de un impuesto fijo del 20% sobre sus ingresos o un impuesto del 10% sobre sus pensiones, según el llamado programa de residentes no habituales del país.