El caos de las consultas previas

Las consultas previas se han convertido en un verdadero caos. Un caos costoso para el desarrollo nacional. Todas las semanas hay noticias, cada vez más inquietantes, sobre las deformaciones y abusos a que está llevando la manera como se vienen adelantando las consultas previas.

Las consultas previa son un compromiso que adquirió Colombia al suscribir un acuerdo de la OIT, en virtud del cual las decisiones de política pública que interesen a las comunidades indígenas y afrodescendientes deben consultarse con ellas previamente a su ejecución.

Pero, infortunadamente, a esta figura le han nacido graves malformaciones que la están desnaturalizando por completo. Su propósito no era otro que mantener informadas a las comunidades de las obras públicas que se iban a desarrollar en sus territorios. Nunca la de paralizarlas o de establecer un gravoso con el Gobierno.

Los excesos de esta semana ilustran muy bien lo que viene sucediendo con la consulta previa.

La empresa Celsia debió desistir de construir una segunda linea eléctrica de respaldo hacia Buenaventura (que bastante la necesita por lo demás el puerto) porque tuvieron que afrontar un rediseño del trazado de la línea que implicaba un sobrecosto del 83% frente a los originalmente calculados ($37.000 vs. $69.000 millones), toda vez que por donde pasaría el trazado original se asentaron de la noche a la mañana 1.000 familias que le exigía a Celsia compra de terrenos.

Según el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, detrás de todo esto se encontraba la señora Rosa Solís, cuestionado personaje que desde hace varios años se ha especializado en chantajear empresas que construyen obras públicas en el pacífico colombiano, con el cuento de la consulta previa a comunidades que ella va moviendo como fichas de un paraje a otro a fin de sofocar a las empresas constructoras.

La otra noticia de esta semana consiste en que la comunidad indígena U’wa- Motilon- Bari tiene bloqueada la reparación de la planta de gas ubicada en Gibraltar Norte de Santander, y no dejan entrar a los técnicos de Ecopetrol. Exigen más consultas y prestaciones adicionales a las muchas que ya han recibido. Como consecuencia de lo cual el suministro de gas hacia Bucaramanga y los otros municipios del área metropolitana de la capital de Santander, lo mismo que hacia Barrancabermeja, se encarecerá en un 30%, pues, no pudiendo sacar el gas de Gibraltar en el territorio U‘wa, habrá que traerlo desde La Guajira.

Son apenas dos ejemplos de los muchos que a diario aparecen. No es exagerado decir que la mala comprensión como se está practicando la consulta previa está paralizando al país.

Hoy en día, con la legión de asesores y promotores que gira en torno las consultas previas y cuyo negocio depende de que ellas duren lo máximo posible, a un ministerio no le está valiendo menos de $4.000 millones  adelantar una consulta previa.

Se han trastocado completamente los objetivos. La consulta, cuyo espíritu es informar a las comunidades y que estas dispongan de la oportunidad para formular los reparos que encuentren razonables, se han convertido en algo completamente distinto: una ocasión para sacarle plata a los constructores, para negociar inversiones que nada tienen que ver con el tema consultado, y para dilatar la construcción de las obras públicas del país cuanto sea posible.

Una verdadera falsificación de los propósitos que deberían tener las consultas previas.