El miedo

Esta columna no está dirigida a aquellos padres de familia con hijos entre 1 y 2 años que están empezando a dar sus primeros pasos con algo de temor. Me quiero referir en esta oportunidad a un sentimiento de temor que está creciendo entre todos los bogotanos al transitar por sus calles. Es evidente que el nivel de inseguridad se viene incrementando en la ciudad, pero no estamos viendo medidas concretas por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de garantizar la vida, honra y  bienes de los ciudadanos.

En el caso de Bogotá esa responsabilidad recae en el alcalde Petro, que es el jefe supremo de la policía, quien ejerce el control directo sobre todas las fuerzas que conforman la policía metropolitana y el que debe liderar las políticas para garantizar la seguridad de la ciudadanía. La disminución en la cifra de homicidios ha conducido en forma equivocada a creer que los niveles de inseguridad están disminuyendo, mientras que los atracos en la calle vienen creciendo. Es factible que el incremento de hurtos o atracos no se evidencie con absoluta claridad en las estadísticas, pero eso se debe principalmente a que muchos ciudadanos consideran que denunciar es una pérdida de tiempo.

Lo que he logrado evidenciar es que ese sentimiento de temor al caminar o transitar por las calles capitalinas se viene incrementando.  La gente voltea a mirar con evidente miedo cada vez que alguien camina a sus espaldas, se cambian de calle cuando ve un grupo de personas venir, se la pasan mirando por el espejo retrovisor para ver en qué momento aparece alguien de la nada, en términos generales el miedo está retornando a los bogotanos. Cada vez se siguen oyendo más casos de robo de celulares, atracos con arma blanca, hurtos de espejos u otros accesorios de vehículos mientras que el propietario espera que el semáforo se ponga en verde o el trancón le permita avanzar, si es que no le rompen el vidrio del carro para robarle todo lo que esté a la mano de los delincuentes.  Algo definitivamente no está funcionando, desde las políticas distritales, las normas que penalizan estos actos, las acciones de la policía metropolitana hasta la gestión de quienes deben judicializar a los responsables.  

Con nuestros impuestos los ciudadanos pagamos para que se nos garantice, entre otros, ese  derecho a caminar o transitar tranquilamente por las calles, pero es claro que estamos recibiendo un servicio deficiente y gran parte del problema es que no hay doliente ni nadie que asuma directamente la responsabilidad por esas deficiencias. No recuerdo haber oído  que ningún ente de control haya iniciado una investigación a los funcionarios encargados de garantizarle la seguridad a la ciudadanía. Si le pagamos a una empresa de vigilancia privada para que nos garantice la protección sobre algún bien, esa empresa se hace responsable en el evento en que no logre brindar en forma adecuada el servicio contratado.  A la gente la roban en la calle y la culpa evidentemente es del ladrón, pero en dónde queda la responsabilidad del Estado y de sus autoridades en haber prevenido este acto.

Los problemas de inseguridad en la ciudad vienen desde hace muchos años, pero como lo he manifestado en ocasiones anteriores ya no es tiempo de lamentarse con nuestros pasados alcaldes sino de exigirle al actual que brinde soluciones efectivas. Así como Petro ha sugerido que los ciudadanos participen en decidir qué calles deben ser arregladas, considero que debe abrir un espacio para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones para disminuir el nivel de inseguridad, en la ejecución de los gastos e inversiones requeridas para garantizar ese derecho a caminar o transitar tranquilamente por las calles de la ciudad.

Es importante recordarle de vez en cuando a los mandatarios y funcionarios que su salario lo pagan todos los ciudadanos con sus impuestos, que están en sus cargos no para hacer su santa voluntad sino para cumplir un mandato popular, que la falta de efectividad en sus políticas y directrices debe ser investigada por los entes de control y que si no dan resultados es posible que se enfrenten a una revocatoria de su mandato.