Incompetencia institucional

Posiblemente, cuando se publique esta nota ya se habrá hundido en el Congreso la modesta reforma de la Justicia del presidente Santos. No tiene antecedentes la incompetencia de nuestras instituciones para aliviar el caos judicial reinante.   
 

Recientemente afirmó el periódico El Tiempo con base en un informe confidencial de la Contraloría, que "Colombia se ubicaba como uno de los países más ineficientes en materia de administración de justicia en América, porque naciones que tienen menos jueces como Chile, Brasil y Perú, logran entre tres y cuatro veces más sentencias que en Colombia. Y la productividad de un juez en Estados Unidos es siete veces la de uno de sus pares colombianos".
 

De acuerdo, así mismo, con dicho informe, figura Colombia con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, lo mismo que los Estados Unidos.  Pese a ello, en los anaqueles de nuestra justicia duermen 2,9 millones de procesos represados. Existe un millón de casos que ni siquiera han llegado ante los jueces. Un juicio de primera instancia dura hoy unos 600 días y una demanda contra el Estado unos 1.100 días, frente a los 330 días límite establecido por la ley.
 

 Y concluyó la Contraloría que "no se ha alcanzado ninguno de los tres objetivos que la Rama Judicial se impuso en 2007, los cuales fueron: 1. Reducir el tiempo que dura un proceso a menos de la mitad. 2. Aumentar la productividad de los jueces en un 40%.  3. Reducir el inventario represado en los anaqueles en un 70%".
 

Asonal Judicial -el sindicato de los trabajadores de la rama- aseguró que la justicia en Colombia es lenta, no por culpa de los funcionarios, sino porque el sistema "no les permite la celeridad", al no disponer el 30% de los juzgados de herramientas como Internet, por resultarles insuficientes tanto la planta de personal como los presupuestos asignados, porque  laboran en condiciones de hacinamiento, porque inculpan la creciente improvisación del Legislativo y del Ejecutivo en relación con  la Justicia?
 Y agrego algo más no mencionado por Asonal. Con relativa frecuencia, la legislación colombiana es confusa, contradictoria y exageradamente casuista.

El problema se inicia desde la redacción de las leyes en el Legislativo,  prosigue con las reglamentaciones de estas por el Ejecutivo y termina con las modulaciones o modificaciones de Altas Cortes. Tampoco menciona Asonal la proliferación de jueces diplomados en las llamadas "universidades de garaje", incompetentes, sin formación humanística, para superar las limitaciones de la legislación. 
 

Una de las mayores críticas al proyecto de la reforma de la Justicia que avanza en el Congreso es que no resuelve el problema de la congestión judicial, que lleva décadas. Se objeta que tal reforma les otorgará a los abogados y a otros funcionarios idóneos facultades para que resuelvan problemas de pormenor, sobre todo, los relacionados con temas financieros, como el no pago de arrendamientos, deudas?

Consideran que es una "privatización" inocua, porque las decisiones serán apeladas y resueltas finalmente por el sistema judicial. Algún magistrado me manifestó que tal privatización sí aliviaría la tercera parte aproximadamente de la represa mencionada, la correspondiente a las demandas relacionadas con el sector financiero. Pero el problema de fondo no parece ser el de la "privatización" aludida, sino más bien, que las Altas Cortes pretenden evitar ser juzgadas por sus abusos e injusticias.