La semanita de la Corte Constitucional

Hace unos días se llevó a cabo la elección del doctor Alejandro Linares como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El doctor Linares, cuya competencia profesional e idoneidad para el cargo es indiscutida, compartió terna con dos mujeres, Catalina Botero y Magdalena Correa, abogadas con hojas de vida igualmente meritorias. Aunque la votación no fue reñida, obteniendo Linares una votación aplastante, existe un consenso emergente de que en el futuro cercano ambas mujeres ocuparán un merecido puesto en el codiciado tribunal. 

Qué bueno, porque lo demás son noticias malas para Corte. 

Para empezar, al día siguiente de la elección mencionada, tal vez por primera vez en la historia, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que tiene como función principal no acusar a nadie, acusó al magistrado Jorge Pretelt, a pesar de las argucias leguleyas de los abogados defensores. Eso no es poca cosa y pone a Pretelt en el fast track hacia la defenestración pública más escandalosa de que se tenga memoria. 

Sin embargo, el problema de la Corte va más allá que un magistrado denunciado penalmente por sus colegas. De hecho, las denuncias penales son mutuas y debidamente correspondidas entre los togados, como quien reparte tarjetas de Navidad. No puedo imaginar como se desarrolla una sesión de esta Corte, donde los magistrados se consideran criminales los unos a otros y donde se desconoce la idoneidad moral y profesional del interlocutor. El ambiente se debe poder cortar con un cuchillo.

La dinámica disfuncional de la Corte se está viendo claramente reflejada en muchos de los más recientes fallos. Por ejemplo, la decisión que revivió las altas pensiones, donde la Corte interpretó el concepto de “mínimo vital” de una manera bastante particular, argumentando que este dependía de las condiciones particulares del individuo y no de una evaluación objetiva de lo que una persona necesitaba para vivir.

Así las cosas, las futuras generaciones de colombianos debemos sufragar las pensiones millonarias de unos cuantos (principalmente magistrados de las altas cortes) para que no se vean privados de las casas de recreo en Anapoima, las camionetas blindadas y los viajes a Europa, todos parte de su correspondiente “mínimo vital”.

O el fallo que legitimó a un menor de edad para presentar una tutela para defender el derecho a la salud de madre, quien padecía de cáncer. Publicitado por la misma Corte como un trascendental avance jurisprudencial, la decisión fue primera página de los periódicos. Sin embargo, estaba aún la tinta fresca cuando trascendió que el tal niño de ocho años tutelante no era un niño, sino que era un señorito de dieciocho actualmente auxiliar de la policía y que su mamá, gracias a Dios, estaba muy bien. O sea expidieron un fallo, lo cacarearon como si fuera la reinvención de las Siete Partidas y resulta que ni siquiera se habían leído el expediente. 

Y que decir de la decisión sobre las playas de Barú, donde paralizaron el proyecto de desarrollo de infraestructura turística más importante jamás realizado en el país, que eventualmente generará miles de empleos en la zona, para tutelar los derechos de las comunidades afro descendientes. Maravilloso acto de justicia sino fuera por un pequeño detalle: las comunidades afro no existen. Se trata de una gavilla de comerciantes extranjeros (la demandante es de ciudadanía española) que hace varios años ocupa los predios y que ahora se auto consideran raizales, con la buena fortuna de que la Corte Constitucional les acaba de titular a nombre propio las playas más importantes de Colombia.

El activismo excesivo de un tribunal siempre es indeseable porque invade las esferas de las otras ramas del poder. En Colombia, los magistrados de la Corte Constitucional no solamente se creen ministros y parlamentarios sino que actúan como tales, lo cual sería preocupante en una situación de normalidad pero francamente alarmante en una crisis como la actual.