Luces y sombras del PND e implicaciones para el sector agro

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” significa un vuelco con relación al anterior, en el cual los sectores productivos quedaron subordinados frente a la preeminencia de la minería. El que propone el Gobierno actual, reivindica la producción agropecuaria y su entorno rural, como marco necesario para la paz.

Si bien los propósitos del Plan son inobjetables, aquí planteo tres observaciones: la primera, es respecto a la consistencia del PND en cuanto a los alcances de equidad a largo plazo para el sector rural en un contexto postconflicto. El actual plan guarda similitud en el tratamiento de lo rural al Programa DRI del Presidente López Michelsen, de los setenta y ochenta, al punto que plantea la realización de programas de Desarrollo Rural Integral con enfoque territorial, agregando ingredientes del Plan Nacional de Consolidación Territorial, implementado por el Presidente Álvaro Uribe (intervención territorial para el desarrollo de capacidades productivas, creación de una autoridad en tierras y para justicia agraria y consolidación territorial) diseñado para áreas al margen del orden institucional.

La primera observación está centrada en que no basta con promover la movilidad social en los términos de acceso a educación, infraestructura, activos y servicios de bienestar para inducir el cambio profundo que el sector agropecuario requiere en términos de equidad. Es necesario ampliar esta perspectiva hacia la movilidad socioeconómica que promueva la propiedad  de activos en beneficio de la población rural de menores ingresos en particular de aquellos activos que tienen impactos sobre la capitalización o prevención de las contingencias, (como son por ejemplo, tierras, cultivos de largo plazo y ganados productivos como lo que pretende estructurar el Programa Nacional de Mejoramiento Genético Bovino).

La segunda observación, es subestimar la perspectiva de la demanda o de los mercados. El actual PND enfatiza principalmente en la oferta, y en promover el acceso equitativo a la misma, pero el país debe tener una propuesta o aproximación respecto al uso que dará a las tierras liberadas, a las ya cultivadas y a las que se encuentran en manos de la guerrilla: El aporte del sector empresarial privado con el apoyo de programas de fomento, puede estar en profundizar los alcances de estos mercados, internos y externos. Destaco que los gremios, a través de los acuerdos de cadena han sido instancias de coordinación público-privada para la  orientación de los mercados.

La tercera y última es confundir las causas con los efectos de la baja movilidad. Extensos territorios del país permanecen marginados, con altos índices de desigualdad, inequidades que nacen desde lo urbano y de un orden institucional que alienta el desequilibrio. Un ejemplo concreto es el de un sistema financiero volcado principalmente en las grandes ciudades, que precariamente llega a los pequeños municipios o a las ciudades intermedias y muy poco a los estratos de menores ingresos; adicionalmente, las tasas de interés de fomento exceden en cuatro y cinco veces la inflación.

Es necesario reconocer la ventaja que adquiere el sector agropecuario y rural en el nuevo PND en el presupuesto de inversiones, superior en cuatro veces al anterior. Un país con un tercio de población rural así lo acredita. 

Los aportes significativos del sector privado en el presupuesto previsto para el sector agropecuario (72% del total) se basan en las previsiones de crédito al sector, los cuales parecen ser muy optimistas, y necesarios en una perspectiva  más real. Esperemos que todo lo expuesto en el Plan se convierta en la hoja de ruta que dibuje el plan en los próximos cuatro años de nuestro sector agropecuario.