Tributación y entidades sin ánimo de lucro

La primera tarea que tendrá la comisión de expertos que ha designado el gobierno para asesorarlo en materias tributarias será la de presentar ideas para controlar las entidades sin ánimo de lucro.

Probablemente, este año, no habrá  ni aprobación de la famosa reforma  tributaria estructural ni siquiera alcanzará a estar listo un proyecto de ley al respecto. Los tiempos no dan para nada distinto que para tramitar “la metida en cintura” de las entidades sin ánimo de lucro, de la que en repetidas ocasiones ha hablado el gobierno.

Los episodios de la Universidad San Martín de las últimas semanas, en los que se puso en evidencia los abusos y desafueros de la familia de sus fundadores (desviando recursos  de las matriculas que debieron quedar  afectos ciento por ciento a las actividades educativas hacia propósitos personales  de lucro que nada tienen que ver con los fines originales ) , ilustra muy bien qué es lo que se quiere controlar.

A nivel macro, el gobierno ha mencionado cifras para justificar su preocupación: los ingresos brutos de las entidades sin ánimo de lucro ascienden a $130 billones anuales al paso que solo tributan $200.000 millones en impuestos.

Ahora bien: a fin de no hacer las cuentas de la lechera en materia de recaudos tributarios que generará dicha reforma, o de introducir un desorden conceptual y práctico monumental en el complejo campo de las entidades sin ánimo de lucro, hay que comenzar por precisar cuál es el instrumento adecuado para controlar los abusos que se están presentando.

Volvamos al caso de la Universidad San Martín. ¿Cómo deberían controlarse este tipo de abusos? ¿Poniendo a pagar impuestos a todas las universidades? ¿O ejerciendo de manera más fina y eficaz controles directos del estilo de los que desplegó en este caso el Ministerio de Educación?

Normalmente los abusos  reprochables que se presentan en algunas entidades sin ánimo de lucro consisten en que mediante contratos  o sueldos inflados con los fundadores, o con sociedades controladas por éstos, se desangra a las entidades sin ánimo de lucro cuyos recursos deben estar afectos exclusivamente a los fines previstos en el acta fundacional.

Para ejercer este control es evidente que lo mejor es refinar los sistemas de control y vigilancia directos  sobre cada una de las entidades sin ánimo de lucro. Probablemente habrá que contemplar la creación de una Superintendencia especializada dotada de dientes y de instrumentos idóneos, que hoy no existe, para evitar  y reprimir estos abusos. Pero el  solo instrumento de la ley tributaria puede resultar tosco e insuficiente.

Hoy en día el control o el descontrol de la profusa maraña de entidades sin ánimo de lucro proviene de que la vigilancia está encomendada a las alcaldías municipales donde se constituya y domicilie la  correspondiente entidad. Obviamente este resulta un control lejano e ineficaz.

Pero, ¿imaginan ustedes un raciocinio meramente fiscalista que discurriera de la siguiente manera: como se presentan abusos en algunas universidades de garaje , grávese  a todas las universidades del país con impuesto a la renta y con el de la riqueza; como se presentaron abusos en algunas cooperativas,  defínase como  contribuyentes del régimen común a todas las organizaciones cooperativas del país; como tal o cual fundación cayó en abusos, sanciónese tributariamente a todo el universo de fundaciones que funcionan en el país? Sería, además de torpe, un remedio peor que la enfermedad.

El instrumento de la ley fiscal, que por definición debe ser general, resulta  inadecuado para controlar los abusos que efectivamente se vienen cometiendo. Pueden introducírsele mejoras marginales. Pero el grueso de los abusos  tiene que reprimirse.

A no ser que  lo que se tenga en mente, por razones de mero recaudo, sea gravar indiscriminadamente a todo el universo de las entidades sin ánimo de lucro. Que hoy están exentas precisamente porque  se supone que cumplen finalidades útiles para la sociedad sin buscar el provecho personal de nadie. Pero si se decidiera gravarlas por parejo (como  reacción frente a los  abusos de unos cuantos avivatos), se terminaría golpeando injustamente a la inmensa mayoría de las entidades sin ánimo de lucro que son serias y cumplen  finalidades beneméritas.