¡Un quinquenio perdido!

La decisión del gobierno de prorrogar por sexta vez el Decreto 1500 de 2007, asestó otro golpe al sector ganadero en su empeño por alcanzar la admisibilidad sanitaria para el comercio internacional de alimentos. La noticia no pudo ser más desafortunada, pues a un par de días de vigencia del TLC con Estados Unidos, sabemos que en éste -como en otros acuerdos- el veto a los productos cárnicos y lácteos deriva, justamente, de las distancias que nos separan de sus estándares de inocuidad. El lustro de inactividad que pasó es imperdonable, como inexplicables los 14 meses de discusiones técnicas para acordar las reformas a este decreto, en momentos en que apremia la reingeniería de las plantas de sacrificio y la modernización de las cadenas.

Es un escenario de incertidumbres y contradicciones. No tenemos cuándo adoptar un régimen legal de admisibilidad para el sector. De hecho, el Decreto de 917 de 2012 justificó la prórroga de 6 meses, con el argumento de "actualizar el precipitado decreto (1500)".

Hablamos de acometer una reforma que exige nuevas consultas, internas y externas, para una norma que demandó una cuidadosa concertación -inclusive con las autoridades americanas- y más de dos años de revisiones y consultas con todos los actores públicos y privados. Pero entendemos que una comisión viajó a Washington el pasado miércoles, para consensuar las modificaciones.

Por lo pronto, seguimos en el limbo, bajo un régimen de transición con normas sanitarias concebidas hace más de 30 años. En otras palabras, estamos varados, pero más lejos. Menos de un millón de animales, de los cuatro millones que se sacrifican anualmente, se procesan en plantas autorizadas.

Seguimos con un mercado cárnico de $12 billones, de los cuales 75% se queda en manos de los informales, que están politizando las decisiones sectoriales en materia sanitaria.

Empresarios y productores que "confiaron legítimamente" en la seriedad y coherencia de las autoridades y en el marco legal que, supuestamente, garantizaba estabilidad y predictibilidad, hoy se sienten asaltados en su buena fe. La expectativa de que finalmente el gobierno impondría la formalización de los cruderos -Decreto 616/2006- y del sistema de sacrificio -Decreto 1500/2007-, sumada a la inminencia de los TLC, los llevaron a librar una carrera para presentar sus planes graduales de cumplimiento y a endeudarse para ejecutarlos.

Hoy nadie responde. Quedaron "colgados de la brocha", mientras cientos de mataderos, que no garantizan inocuidad, se benefician de los aplazamientos.

Es evidente la responsabilidad del Estado como legislador.

Pero además de alejarnos, peligrosamente, de los estándares internacionales, el gobierno dejó sin piso disposiciones que conferían dientes al ICA y al Invima, para proteger el mercado de importaciones insalubres. Grave, en momentos en que desmontamos aranceles para productos de por lo menos 43 economías con las que hemos firmado TLC´s. Casos como el nuevo brote de vaca loca en Estados Unidos, difícilmente podrían ser atajados por las autoridades sanitarias con la legislación actual, tan o más añeja que su infraestructura de inspección y control.

Si nos va bien, solo hasta 2016 tendríamos un sistema de sacrificio eficiente, racional e inocuo. La razón, es que para ese año vencería el generoso período de gracia máximo que otorga la norma -de tres años y medio- para que los mataderos se adecúen a las disposiciones. Esto no es serio. Han pasado siete años desde que se promulgaron los Conpes sanitarios y los decretos reglamentarios y seguimos enfrascados en temas de clasificación de plantas. La discusión sería más productiva si versara sobre instrumentos que requieren los privados para ajustarse al 1500 o las acciones policivas para darle cumplimiento. Pero necesitamos admisibilidad ya y no podemos seguir sumando años a pérdida. Fedegán exige, con justa causa.