¿Y de las políticas de desarrollo rural, qué?

Desde enero, cuando entró en vigencia la Ley de Víctimas, el tema de la propiedad rural eclipsó el debate nacional y destapó un polvorín que apenas empezamos a percibir. Preocupa, que en medio de la velocidad de las marchas para reclamar derechos amparados por la Ley 1448 -que los ganaderos, en nuestra condición de víctimas también abrigamos- han tenido lugar otros levantamientos, menos mediáticos pero igual de inflamables, que nadie atiende.

Demandan acceso a insumos, riego, mercados o vías. Exigencias de ayer que se mezclarán, irremediablemente, con las del batallón de almas que retornarán al campo y que terminarán por encender la mecha.

Tristemente, el discurso ideológico se ha dirigido en forma exclusiva a estigmatizar a la ganadería, por ocupar más área de la recomendada para su vocación, pero ha sido incapaz de poner el dedo en las llagas que, históricamente, han convulsionado la ruralidad. Hoy como ayer, nos asedian las deficiencias en cobertura de bienes públicos y activos productivos -tecnología, infraestructura, recursos financieros, organización social o comercialización-, la desarticulación de cadenas y la inexperiencia del capital humano. Aún así, nos acosan para competir en TLC`s leoninos para la producción agropecuaria.

El ejemplo de cientos de productores, que han intentado volver a sembrar algodón en el norte del Cesar, es emblemático de la frágil situación "agraria". A los desarrollos tecnológicos de las semillas transgénicas y de un precio de referencia, se sumó un camino de abrojos, que da cuenta de viejas deficiencias en los encadenamientos entre el sector primario y el transformador.

Los costos de producción, derivados de los altos precios de semillas, fertilizantes, combustibles y transporte por trochas, no se conduelen con las imposiciones de los industriales, que han dejado sin mercado y sin canales de comercialización a 3.500 toneladas de fibra y  5.000 toneladas de semilla motosa.

¿Qué ha pasado con las políticas públicas para el campo? No es admisible que un cultivo como el algodón intente renacer sobre el esfuerzo exclusivo de un puñado de agricultores, pero también sobre su propio descalabro financiero. Pero esta realidad de los algodoneros, encarna preocupaciones de mayor calado que conectan con el proceso de restitución y con la transformación productiva y territorial en que está empeñado el Gobierno.  

Si el país no tiene instrumentos de política para reactivar 100 o 200 mil hectáreas en algodón, me pregunto ¿cómo garantizar la permanencia de 350 mil familias que retornarán a no menos de 2 millones de hectáreas, en el envión inicial de la restitución? Difícilmente son sujetos de crédito o asesoría técnica y estamos lejos de asegurar la productividad de sus cultivos, un mercado para venderlos o incluso su protección.

Más aún ¿cómo reconvertir de la noche a la mañana 10 millones de hectáreas, 3 o 4 millones de ellas a usos agrícolas? No en vano se produjo la "ganaderización" del campo, de la que se habla con tanta maledicencia. Fue la única salida para miles de productores que expulsó la apertura económica a la quiebra, aunque hoy pretendan desconocerlo quienes adoctrinan desde poltronas en las ciudades.

El clima insano que están atizando los activistas profesionales no hace parte del rompecabezas de la transformación "agraria" o la restitución de tierras. O lo que es lo mismo: del desarrollo de los que están y los que vuelven, de los sistemas de producción establecidos y los 10 millones de hectáreas a reconvertir. La tierra per sé no hace posible el crecimiento económico y el desarrollo humano integral. Privilegiar el asunto de la tierra, sin construir, en forma paralela, mejores condiciones de vida en el campo, sólo nos llevará a transitar por otros 50 años de violencia.

José Félix  Lafaurie Rivera
Analista