Desempleo estructural y su composición en Colombia

Este último registro de “pleno empleo rural” plantea, sin lugar a dudas, una gran paradoja sobre el discurso oficial referido a la urgencia de modernizar el agro y dotarlo de infraestructura para lograr absorber la mano de obra desmovilizada. Pero, entonces, cabe preguntarse: ¿dónde estaría la problemática actual del agro y su bajo crecimiento (bordeando un histórico de solo 2% anual en la última década) si allí ya existe “pleno empleo”? 

 La respuesta a esta paradoja de “pleno empleo rural” en Colombia está en analizar: i) la composición del desempleo “urbano”; y ii) la forma en que se mide el empleo en las zonas rurales. Analicemos esto con cuidado.

 La tasa de desempleo nacional ha permanecido relativamente constante en 10,2% hasta abril de 2017, pese a la preocupante desaceleración económica de 2016-2017 (a ritmos de 2% anual vs. 3% potencial). Buena parte de esa resiliencia del mercado laboral se explica por ese “pleno empleo rural”, donde en el agro colombiano supuestamente el desempleo tan solo ha venido bordeando 5,8%. Pero allí mismo sorprende que el desempleo “urbano”, en cambio, venga promediando un preocupante 11,4% (incrementándose en medio punto porcentual respecto del mismo período del año anterior).

 Usualmente, la tasa de desempleo “urbano” en Colombia ha estado asociada a lo que ocurre en las 13 principales ciudades, la cual representa solo 50% de la Población Económicamente Activa (PEA). Sin embargo, los censos del Dane nos dicen que la población urbana del país bordea 80% del total. Así, faltaría por incluir en los referentes de desempleo urbano a ciudades tan importantes como: Armenia, Valledupar, Neiva, Tunja y Santa Marta, entre otras. Al hacerlo se encuentra que, en realidad, el verdadero desempleo urbano ha venido promediando 11% en lo corrido del año hasta abril de 2017, cifra marginalmente inferior al 11,4% de las 13 ciudades. 

 Lo preocupante de esta consolidación de la cifra de desempleo urbano es que se ha mantenido por encima de 10% en los últimos años, evidenciando que Colombia continúa siendo el país de América Latina (entre los grandes) con las mayores tasas de desempleo (una vez quitamos este espejismo de que existe “pleno empleo rural” en el país).

 De otra parte, el mercado laboral rural de Colombia tan solo representa 20% de la PEA y sistemáticamente muestra “pleno empleo”, con tasas de desempleo bastante estables en el rango de 5%-6%. Como ya lo explicamos, este resultado es bastante contra-intuitivo (inclusive respecto del discurso oficial del posconflicto). Recordemos que: i) el crecimiento del agro ha promediado niveles de solo 2,4% anual durante 2010-2016, prácticamente la mitad del 4% registrado por toda la economía; y ii) el sector rural registra tasas de informalidad de 90%, según la propia OIT, mientras que a nivel nacional la informalidad se ubica en cerca del 60%. 

 Al calcular el índice de Subempleo Objetivo Anif (SOA) para el sector rural, incorporando las cifras de informalidad de la OIT, encontramos que el SOA rural alcanza 84,2% en lo corrido del año a abril de 2017 (= 100% - 5,8% desempleo - 10% cotizantes activos a seguridad social). Esto implica que la informalidad SOA rural supera: i) el registro nacional de 47% (= 100% - 10.2% desempleo - 42.9% cotizantes activos a seguridad social); y ii) el subempleo rural subjetivo (27%) y el objetivo (8,3%) calculados por el Dane. Además, cabe anotar que la Tasa Global de Participación rural es baja (59% vs. 65,6% urbana). 

 Son estos factores los que explican ese “espejismo” del pleno empleo rural en Colombia, el cual artificialmente nos hace creer que la problemática del desempleo en el país es ver cómo lo reducimos de 9%, cuando en realidad 80% de la masa trabajadora de Colombia enfrenta tasas de desempleo estructural de 11%. Dicho de forma simple: en el sector agrícola colombiano la gente no busca empleo, o bien porque son muy viejos para ofrecerse, o bien porque sus potenciales trabajadores están “desalentados” para hacerlo, o bien porque ya están “empleados” en la ilegalidad de los cultivos ilícitos.

 Como hemos visto, la problemática laboral de la zona rural es aún más grave que la urbana y de allí la urgencia de dotarla de infraestructura secundaria y terciaria, si es que queremos ser exitosos en el posconflicto. En síntesis, es primordial formular políticas encaminadas a: i) acelerar la provisión de infraestructura; ii) promover investigación y proyectos asociativos para producción a gran escala; y iii) optimizar la distribución de la tierra mediante la flexibilización de las llamadas “Unidades Agrícolas Familiares”. 

 Entretanto, en las zonas urbanas (donde habita 80% de la fuerza laboral), tenemos cerca de 2,1 millones de desempleados, con tasas de desempleo de 11%. Claramente la desaceleración es un potencial detonante de esta “bomba social laboral”, si no logramos recobrar los ritmos de crecimiento anual de 3% durante 2018-2020 y ojalá de 4% hacia 2022.