¿A quién le responden los fiscales?

El país está en deuda con la seguridad jurídica -económica y el papel de la Fiscalia en ese tema es fundamental

Las declaraciones del fiscal, Eduardo Montealegre, sobre las dificultades del Sistema Acusatorio plantean interrogantes, reconociendo la franqueza con la que ha abordado el rediseño institucional. Según él, "el ciudadano tiene derecho a que exista igualdad en la interpretación" del Sistema Acusatorio y "hasta ahora no se han logrado criterios unitarios de interpretación de la ley" y muchas figuras del sistema, no han tenido adecuada lectura para hacerlas "compatibles con garantías consagradas en tratados internacionales".

Las "fuentes de investigación no son fiables" y la Fiscalía se ha convertido en un conjunto de ruedas sueltas. No hay tecnología de vanguardia aplicada a la investigación y priman preacuerdos, porque las pruebas técnicas y la investigación científica brillan por su ausencia. Tiene toda la razón el Fiscal cuando habla de impartir directrices generales de política criminal, en buscar cooperación para capacitar a los investigadores y en darle a la prueba técnica el lugar que le corresponde, para evitar que los testimonios sigan siendo el eje en la estructura de la imputación.

Investigadores, fiscales y jueces deben tener una formación integral para no poner en peligro derechos esenciales del ser humano, como la libertad, la honra y el buen nombre. Se debe aprender a ponderar una evidencia y evitar que el aparato judicial se convierta en idiota útil de denunciantes temerarios, testigos improvisados y testimonios amañados. El ex fiscal Iguarán expresó, en su momento, su preocupación ante las múltiples acciones temerarias por parte de quienes demandan o de quienes ejercen el derecho de contradicción con actitudes dilatorias. Igualmente, dijo que la temeridad no sólo debería atribuirse a quienes de mala fe instauraban una acción sin que existieran razones para la misma, sino también que esa temeridad debería achacarse a los investigadores, fiscales y jueces que no ponderaban responsablemente una evidencia y que no tuvieran capacidad para desentrañar la mala fe de un testigo.

Le preguntamos al Fiscal actual si es consciente de las cuantías y del número de demandas que hay en contra de la Fiscalía por la temeridad de muchos fiscales, que por ignorancia, incompetencia, mala fe y por una errónea interpretación de las "figuras del sistema acusatorio", le generan al Estado un gran pasivo que debemos asumir todos los que pagamos impuestos. ¿Cuántos fiscales han respondido por sus errores, por una investigación mal realizada, por una imputación mal hecha o por un testimonio mal valorado? ¿qué porcentaje de las indemnizaciones que ha tenido que reconocer el Estado ha sido reembolsado por esos fiscales? ¿Cuánto nos lo que se empieza a denominar como el matoneo judicial?. Lo acompañamos en sus planteamientos señor Fiscal, pero empecemos a hablar de cifras.