Acabar ya con la Ley de Garantías

En manos del ‘superministro’ Néstor Humberto Martínez quedó la tarea de hacer un proyecto de ley que sepulte, de una vez por todas, la Ley de Garantías. Una norma anacrónica surgida como un contrapeso de ética obligada para regular los apetitos reeleccionistas de los primeros mandatarios. El presidente Juan Manuel Santos lo anunció durante la clausura del Congreso de Municipios la semana pasada y se constituye en un valioso aporte a la verdadera inversión que necesitan las regiones.

Creemos que la ley no es necesaria porque cumplió su papel histórico, pues se creó en el marco de la reelección, que ya no existe. Y como dijo Santos, “como ya no hay reelección, ni del Gobierno Nacional ni departamental, yo sí creo que debemos derogar esa ley con mensaje de urgencia. Eso se debe desaparecer esa norma que ya no tiene ninguna justificación. Así también le damos más tiempo a los alcaldes y gobernadores para que ejecuten el presupuesto de $5,8 billones”.

La idea había surgido recientemente de la Federación de Municipios, pues según los alcaldes, la norma no les permite ejecutar sus planes, pues se las pasan en elecciones, unas de carácter nacional y otras regionales. Es inconcebible que la Ley de Garantías deba aplicarse cuatro meses antes de las elecciones, es decir, que para el próximo 25 de octubre -cuando se eligen alcaldes, gobernadores, concejales y diputados- no se puede contratar con los entes oficiales a partir del 25 de junio de 2015, quedándose los mandatarios actuales amarrados sin poder hacer o inaugurar en sus obras que le exigen los ciudadanos.

De lejos era un anacronismo legalista que fue necesario durante algunos años (en tiempos de reelección) pero que ahora no tiene sentido. Los alcaldes y gobernadores necesitan poder disponer de recursos y contratos durante la mayor parte del tiempo para el cuál fueron elegidos, pero con elecciones cada dos años, tanto de orden nacional como regional, es imposible poder ejecutar un plan de desarrollo coherente. Está el papel de la Contraloría y la Procuraduría para que velen por el buen ejercicio de los funcionarios públicos y actúen en consonancia de acuerdo con las normas, pero no se puede obligar a los alcaldes y gobernadores a frenar las economías de sus municipios y departamentos porque se avecinan elecciones.

A todas luces es muy injusto con los periodos o ciclos gubernamentales, que el cuatrienio de cada elegido se interrumpa con la llamada Ley de Garantías, y que por beneficiar los apetitos de los reeleccionistas de un Presidente, se perjudique a una región o una población con el frenazo en seco de las obras necesarias.