¿Al fin de cuánto es el hueco fiscal de Petro?

Las 3:00 de la tarde del próximo 7 de agosto están por llegar y la administración de Abelardo de la Espriella no ha entregado aún un informe oficial sobre las cifras del empalme gubernamental, en particular en lo que tiene que ver con el estado de las cuentas fiscales. Lo cierto es que los números que se conocen, que deja el gobierno saliente de Gustavo Petro, son dramáticos, tan malos o peores que los que él recibió de su antecesor Iván Duque, a quien le tocó lidiar con la catástrofe de la pandemia.

La deuda externa estará cercana al 60% del PIB, los bonos del tesoro han sido colocados a tasas muy altas que drenan el presupuesto, y las obligaciones presupuestales a cargo de las arcas nacionales aumentaron dramáticamente, pero no hay cifras ciertas. Ni el líder del empalme entre los dos gobiernos, el vicepresidente José Manuel Restrepo, ni el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, han citado a un encuentro con los interesados sobre la realidad en los cruces de cuentas. Ya no hay tiempo para que el gobierno entrante y el saliente le muestren al país la realidad de las cuentas fiscales, un error que tardará mucho tiempo en corregirse, pues cada uno de los ministros, los directores de las agencias y la alta gerencia de las empresas industriales y comerciales del Estado irán entregando a cuentagotas lo que encontraron en todas las oficinas.

La administración pública que se despide no fue transparente con sus números, no tuvo buena ejecución presupuestal y la inmensa mayoría de las entidades fueron manejadas por personas no preparadas para tal ejercicio. De momento, se ha conocido que la Contraloría General de la República encontró que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 tiene una desfinanciación de $30,2 billones y le pidió al Gobierno Nacional y al Congreso de la República respaldar cada apropiación de recursos públicos con ingresos reales o ajustar el gasto para no comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

Durante las tres últimas vigencias presupuestales, la entidad ha identificado riesgos estructurales similares en la forma como se financia el Presupuesto; dice la Contraloría que el gasto público debe sustentarse en ingresos ciertos y no en supuestos, que la inversión no estaba creciendo, y que el Proyecto de Presupuesto debe guardar coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El vicepresidente Restrepo y el ministro Gómez deben hacer un corte de cuentas de cara al país para que el Congreso de la República, las universidades, los medios de comunicación y los centros de investigación puedan conocer de primera mano la realidad de las cifras de la economía.

Hay alarmas encendidas por el déficit fiscal -se gasta más de lo que se ingresa- y la estrechez de las finanzas públicas que heredará el gobierno entrante. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el margen para reducir el gasto es cada vez menor y que el desbalance de las cuentas públicas podría alcanzar el 7,4% del PIB, un nivel que calificó como “insostenible”. Anif planteó una hoja de ruta para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas con un ajuste fiscal mínimo de tres puntos del PIB, equivalente a $53 billones.

La propuesta contempla que el 77% del esfuerzo, es decir, 2,1 puntos del PIB ($41 billones), provenga de medidas de austeridad y una mayor eficiencia del gasto público. Un panorama económico, aun incierto, porque nadie tiene las cifras reales de lo que está pasando.