Al oído del ministro de Hacienda
lunes, 31 de agosto de 2026
Las autoridades económicas tienen que empezar a oír otras voces de ayuda si la situación fiscal es tan grave como lo muestra un presupuesto de $634,9 billones
Editorial
Antes de que comenzaran los meses del ‘bre’, el gobierno nacional radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por un monto de $634,9 billones, no solo el más alto de la historia, sino el más incierto, porque no se sabe de dónde saldrá ese dinero, en una economía que crece poco y, por consiguiente, no genera mucho recaudo de impuestos.
El papel del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha sido el adecuado al abrir una caja de Pandora en la que se destapa la realidad de la situación económica: un déficit fiscal de 8,5%, también el más alto de la historia reciente; pero aún no ha profundizado su plan para bajar el servicio de la deuda ni hacer los recortes draconianos que prometieron en campaña. Gómez debe frenar el apetito de gasto de sus compañeros ministros, al tiempo que decirle al presidente que debe haber una entidad superior que vigile su gestión administrativa y fiscal; en otras palabras, acudir a la banca multilateral para hacerlo.
Los colombianos deben entender que la situación económica es muy grave, que no hay dinero para tantas necesidades y que una entidad como el Fondo Monetario Internacional (FMI) puede ayudar con uno de sus programas de asesoría a los gobiernos; si no lo hace, será su Waterloo. Los programas del FMI son acuerdos de cooperación financiera y técnica condicionados a reformas económicas para ayudar a los países a superar crisis de balanza de pagos. Una suerte de asistencia que identifica los desequilibrios fiscales o cambiarios; redacta una carta de intención donde el gobierno de turno se compromete a cumplir metas específicas como la disciplina fiscal, el control de gasto público o reformas estructurales.
Esos compromisos conllevan préstamos que se liberan en tramos a medida que el país demuestre cumplir las metas económicas acordadas; para ello hay una supervisión continua, y, finalmente, si el país incumple las metas, los desembolsos se suspenden. Casi todos los países al borde de la quiebra lo hacen, como cuando un cuentahabiente ha gastado más de lo que le ingresa, tiene muchas deudas y compromisos, y no tiene otra alternativa que acudir a su entidad financiera a un acuerdo, con unos compromisos para pagar sus acreencias y arrancar de nuevo. Esos programas con la banca multilateral enviarían un pésimo mensaje al mercado internacional, lo que indiscutiblemente llevaría al peso a una devaluación muy rápida, que beneficiaría a un plan maestro de exportaciones a largo plazo.
Un efecto colateral también sería que en dos o tres años la economía colombiana recuperaría su grado de inversión, perdido ante todas las firmas calificadoras de riesgo desde la pandemia de 2020 y agravado durante la pasada administración. El gobierno nacional no ha hecho buena pedagogía que explique el desbordado presupuesto que necesita para el próximo año; el Congreso tendrá que revisarlo a fondo y ayudar a analizar si, dada la gravedad de la situación económica, debería acudirse a un programa especial con la banca multilateral.
Más de US$200.000 millones es una cifra enorme, muy cercana a la mitad del PIB, que ronda unos US$550.000 millones, y a nadie le cabe en la cabeza que cada año el presupuesto y los compromisos sigan creciendo sin pensar de dónde saldrá el dinero para financiar unos gastos desbordados, compromisos de gobiernos pasados a los que no se les puso la lupa en su momento y en los cuales los congresistas fueron corresponsables.