Alza predial, sin cálculo y sin timing político
miércoles, 15 de noviembre de 2023
En su peor momento político y sin mayorías en el congreso, el Gobierno habla de una revisión al alza del impuesto predial, una acción sin previsión de los tiempos de ejecución
Editorial
La semana pasada el Ministerio de Hacienda radicó un proyecto de Ley para modificar el impuesto predial que busca actualizar lo estipulado en la Ley 44 de 1990 y derogaría la Ley 1995 de 2019. Es una iniciativa con origen en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado y que estableció ponerle límites al crecimiento del impuesto predial unificado.
En la argumentación plantea que el decreto 1995 solo genera alivio a los predios con avalúos inferiores a 135 salarios, pero no dice nada sobre los predios con avalúos superiores; situación -según el Ministro de Hacienda- “que dejaba la puerta a que si, por ejemplo, si a usted se le incrementaba el avalúo en 1.000%, el predial también le aumentaría 1.000% (...) Lo que busca el proyecto es fijar un esquema de topes graduales para que, aún si incrementa el avalúo del predio, esto no incida de manera significativa en el alza del predial”.
Los expertos tributaristas creen que “si se fija un tope de hasta 50%, si su avalúo catastral es menor o igual a 135 mínimos, 100% si su avalúo catastral es superior a 135 y hasta 250 mínimos; 150% si su avalúo catastral es superior a 250 y hasta 350 mínimos, 200% si su avalúo catastral es superior a 350 mínimos y hasta 500, y 300% si su avalúo catastral es superior a 500 mínimos”.
Es un cambio sustancial, toda vez que, actualmente bajo la Ley 1995 de 2019, se tenían previstos tan solo unos incrementos progresivos en el impuesto predial unificado considerando un IPC + 8 puntos porcentuales como máximo.
Para las zonas rurales actualmente solo contempla un mayor pago para los predios que superan las 100 hectáreas, lo que será un nuevo obstáculo para el desarrollo de la agroindustria a gran escala y para la producción extensiva de alimentos con enfoque en los mercado internacionales, explotaciones que en muchos casos requieren de grandes extensiones que aprovechan economías de escala para ser competitivos frente a lo producido en mercados similares en la región, como es el caso del aguacate, café o frutas, frente a sus similares de origen en Perú, México o Chile.
El proyecto propone límites precisos y progresivos para la zona rural sin mayores estudios ni trabajo con los gremios de la producción. Hacienda estima que solo 5% de los predios entrará en los rangos más altos de incremento.
Las principales ciudades que están ad portas de cambiar a mandatarios abiertamente enfrentados al Gobierno Nacional serán las más afectadas; un hecho que el Ministerio de Hacienda no previó al radicar el proyecto, pues lo más probable es que Medellín, Cali, Barranquilla, incluso Bogotá, se oponga a tal iniciativa que no interpreta que la recesión le coquetea al crecimiento económico y que la afección de un aumento en el predial es nocivo para las economías regionales, que por primera vez están en la oposición.
El alza del impuesto predial previsto por el Gobierno carece de cálculos reales, de prospectiva política, pero yerra al no medir el desgaste de la administración central en el Congreso. En pocas palabras, no hay timing ni deseo de poner más impuestos cuando los ministerios y demás entidades públicas no están ejecutando los presupuestos.
Es decir, plata hay y en abundancia, pero el Ejecutivo es incapaz de mostrar grandes avances en el poco más de año y medio de Gobierno, lo que desvirtúa más y nuevos impuestos que golpean las regiones.