Bancos, tasas e inversiones forzosas

El Gobierno insiste en nuevos impuestos por medio de un decreto de emergencia económica, medidas que regirán inicialmente por 30 días y que se enfocan en aumentar el recaudo a través de tributos dirigidos principalmente a las grandes empresas, ajustes en sectores específicos como los juegos de azar y la implementación de inversiones forzosas al sistema financiero; idea que ya había expuesto hace más de dos años y que pudo conjurarse con un “pacto por el crédito”, que ha colocado préstamos en condiciones especiales por $228 billones, partiendo de una base de $199,7 billones, lo que muestra un ritmo de ejecución significativo en la canalización de recursos hacia actividades consideradas estratégicas.

Las manufacturas, vivienda e infraestructura y el sector agropecuario son los sectores que concentran el mayor volumen de recursos, con desembolsos por $209,7 billones frente a una meta de $234 billones. Las inversiones forzosas son un instrumento leonino que no va en contra de los bancos, sino contra los cuentahabientes, que deben destinar un porcentaje determinado de los recursos captados del público a colocaciones obligatorias, mediante títulos o instrumentos específicos.

El sistema financiero colombiano está en una encrucijada entre las tasas del Emisor y la politiquería del Gobierno, en una suerte de “entre la espada y la pared” que perjudica la salud de la economía y ahoga la dinámica crediticia ordinaria de personas y empresas. Son momentos difíciles, épocas de cambio, en los que es vital la ortodoxia y la prospectiva. Y si a esto se suma que la gobernabilidad económica busca bajar las tasas de interés a sombrerazos, las cosas se ponen muy feas en términos de confianza económica y, seguramente, los fundamentales económicos y la confianza del consumidor, además de las notas crediticias externas, se van a afectar.

La Junta Directiva del Banco de la República ha colocado el valor del dinero por encima de dos dígitos; lo ha llevado a 10,25%, uno de los más altos en meses, por el rebrote inflacionario derivado del alto incremento en el salario mínimo. No se puede esperar que, con salarios reajustados, gran circulante, abundantes remesas y dinero de economías subterráneas, el costo de vida baje de 5% y se ubique entre un piso de 2% y 4%. Esa franja inflacionaria tendrá que esperar al menos dos años para que sea una realidad, eso sí, si las decisiones gubernamentales no van en contravía. Pocas veces, durante la historia reciente, la incertidumbre había sido tan alta en materia de costo del dinero e inflación; quizá en tiempos de pandemia, pero era un momento de gran pesimismo global.

El problema ahora es que, mientras economías similares ruedan sobre mejores expectativas, el rumbo económico -en materia de tasas e inflación- se ve chocado por el mismo Gobierno. La emergencia económica está mal cuantificada y no puede convertirse en una nueva reforma tributaria; los costos de los daños no superan el billón de pesos, mientras el Ejecutivo hace cuentas de $8 billones, cifra sacada del sombrero y que será financiada con un inapropiado impuesto al patrimonio corporativo y las inversiones forzosas, entre otros nuevos tributos.

Trepidante el comienzo de este primer trimestre del año, no solo por las externalidades, sino por las inclemencias del clima y las decisiones del Gobierno para atender las necesidades.