Bienvenida la autonomía fiscal de las regiones

Cuando los actuales alcaldes de las cinco principales capitales de Colombia ganaron las elecciones locales hace menos de 50 días, se empezó a andar un camino “ya enmontado” en la política nacional; se trata de un sendero recorrido en el siglo XIX, que ahora puso a los mandatarios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, como los verdaderos sparrings del presidente Gustavo Petro, pues todos ellos siempre han estado en la otra orilla de las ideas del gobernante.

Y las malas relaciones no se han hecho esperar, la pérdida de los Juegos Panamericanos, las trabas al presupuesto nacional para financiar el metro de la capital, la ampliación del metro de Medellín, y otras obras de infraestructura dorsales para el desarrollo regional, han sido la constante.

Ahora la Gobernación de Antioquia y siempre la Gobernación del Atlántico están impulsando la llamada autonomía fiscal, que no es otra cosa que matar el centralismo de todos los gobiernos nacionales, pues les ha encantado que los pueblos y ciudades tributen, les devuelvan menos y que no sean autónomos en sus ingresos. Obviamente, siempre habrá unas regiones más pobres que otras, y como dice el adagio popular, “hay pueblos en donde eso de los impuestos no pegó”.

Pero no siempre debe ser así y todos los 1.103 municipios más los 32 departamentos deben pensar en la posibilidad de generar sus propios ingresos con impuestos locales, tasas, contribuciones y todo el arsenal de intercambios de obras por impuestos para poder progresar. No puede ser que el poder tributario solo esté en cabeza del Congreso de la República y que senadores y representantes sean de quienes depende la presencia del sector productivo en las regiones.

Dice Planeación Nacional que “la autonomía de las entidades territoriales hace referencia al margen de decisión otorgado para ejercer las funciones asignadas en virtud de la descentralización, debido a que tienen un alto grado de independencia en la administración y manejo de sus intereses dentro de los límites de la Constitución”, situación que se queda sobre el papel, que no se aplica y que obliga a gobernadores y alcaldes a estar de romería en el DNP y en el Ministerio de Hacienda para que les den nuevos recursos.

Es un Estado que constitucionalmente propende por la descentralización, pero que en ejecución hace depender a las regiones hasta de las decisiones más mínimas. Por ejemplo, la idea de la administración Petro de revivir Caminos Vecinales con el nombre de Agencia para las Vías Terciarias, no es más que un raponazo a unas decisiones hiperlocales, pues nada más local que una carretera terciaria, ahora quiere el Ministerio de Transporte llevarse esa decisión para sus ya tumultuosas entidades que poco ejecutan y que nada hacen por los departamentos y pueblos. Dice el artículo 287 de la Constitución que “las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley”, enunciación ambigua y mal manejada desde Bogotá.

Hay que dejar que las regiones decidan sobre lo que recaudan, que no estén amarradas al fisco nacional. Es un hecho que, solo andando sobre las autonomías regionales, con sus respectivos deberes y derechos por el país central, se solucionan casi todos los problemas económicos y de orden público. Basta ya de tratar a las regiones como corruptas o minusválidas.