Cargos clave que no admiten improvisación

Pasan los días de lo que serán unas seis semanas más de una verdadera avalancha de nombramientos en el gobierno nacional que se instalará el próximo 7 de agosto. Las personas elegidas y los 18 nombres de los ministros designados ya fueron auscultados detalladamente por la opinión pública.

El debate nacional sobre si los nuevos funcionarios que acompañarán al presidente electo, Abelardo de la Espriella, son los de “siempre” o pertenecen al grupo de los de “nunca”, se empieza a esfumar. Esto le da paso a la urgencia de que el nuevo gabinete no solo ejecute y tenga ideas de políticas públicas novedosas, sino que también se aleje de cualquier brote de corrupción.

El gobierno nacional actual no tuvo ningún cuidado en el nombramiento de la inmensa mayoría de los 65 ministros y 140 viceministros que formaron el ejecutivo saliente; por tanto, cualquier nuevo funcionario ética y técnicamente probo superará con facilidad el listón tan bajo que dejó la administración de Gustavo Petro.

Ahora bien, una vez conocidos los ministros y una buena parte de los profesionales que trabajarán en la Casa de Nariño y en las secretarías privadas de Palacio, viene la cascada de nombramientos clave en las superintendencias, direcciones administrativas y agencias estatales. Todo esto sin olvidar que el gobierno tiene participación en un par de docenas de empresas industriales y comerciales del Estado que ameritan profesionales idóneos, menos políticos y altamente competitivos, que den los resultados esperados por los 13 millones de colombianos que votaron por De la Espriella.

Para que al gobierno entrante le vaya bien, es muy importante que no se equivoque con las personas que llevará, particularmente, a cuatro cargos. El primero es la dirección de impuestos, la Dian, que debe recaudar más de $300 billones y articular una reforma tributaria que ataque la evasión de impuestos y reduzca la elusión fiscal. Para nadie es un secreto que en Colombia la carga tributaria supera a la de cualquier país de la región, pero con el agravante de que siempre recae sobre los mismos: empresarios y empleados formales.

Los otros tres cargos fundamentales a donde se debe llevar a verdaderos tecnócratas son las superintendencias, particularmente la de Industria y Comercio, la de Sociedades y la Financiera. Esto, por supuesto, sin descuidar las de Salud, Transporte, Vigilancia, Economía Solidaria y Subsidio Familiar; entidades de control sobre las que recae no solo la autoridad estatal, sino la construcción de mercados en función de la verdadera institucionalidad.

El gobierno entrante ha dado muestras de que quiere ser disruptivo en los nombramientos -una prueba de ello fue Minciencias-, pero no debe olvidar las tesis de Michael Sandel en La tiranía del mérito (Penguin, 2020). Allí se argumenta que la meritocracia actual no fomenta la justicia, sino que divide a la sociedad al ignorar que el éxito depende de la suerte y el privilegio, y no solo del esfuerzo personal. Sandel sostiene que esta mentalidad genera arrogancia en las élites y humilla a los trabajadores, lo que socava el bien común y fomenta la polarización política.

Todo país desarrollado, y aquellos que están en camino de serlo, cuenta con instituciones muy fuertes basadas en las leyes, pero apalancadas en roles y funciones de personas que llegan a los cargos públicos enfocados en el servicio ciudadano, totalmente alejados de ver el Presupuesto General de la Nación como un botín al cual tienen acceso.