Cauca y Urabá, dos papas calientes

Casi al mismo ritmo que se acerca el fin del conflicto con las guerrillas de las Farc (producto de las conversaciones en La Habana) crece en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, y en el oriente y norte del departamento de Cauca, una tensión que ha estado presente siempre en esas regiones, pero que el trajinar de la guerra interna por casi 60 años, la ha mantenido en silencio. Se trata de la llamada ‘recuperación de tierras’ por parte de indígenas y campesinos quienes se sienten con derechos para ir en contra de la propiedad privada y respaldados por grupos al margen de la ley, en muchos casos.

El hilo conductor o la espina dorsal que une los dos crecientes conflictos de tierras es la reiterada vulneración de la propiedad privada con el silencio complaciente de la Fiscalía, las gobernaciones comprometidas y la misma Policía. Cauca siempre ha sido epicentro de la revolución armada desde que la República se fue formando como nación; la recuperación de tierras por parte de los indígenas con el aval de los gobiernos ha generado un caldo de cultivo de grupos al margen de la ley como el histórico Quintín Lame, el M-19, la Coordinadora Nacional Guerrillera y foco de resistencia de las Farc. Ahora, ad portas de un acuerdo de paz, los indígenas caucanos lanzan una cruzada por sus tierras que llegará a las goteras de las zonas industriales de Cali y que generará una desbandada de inversiones en la región, todo al amparo de unas leyes que vulneran la propiedad privada con eco en La Habana.

El caso de Urabá en los municipios como Turbo es igual de dramático, pues con el mismo ritmo que los diálogos avanzan se mantienen las invasiones de haciendas dedicadas al cultivo del banano y la ganadería. Los grupos que reivindican sus acciones delincuenciales están conformados por habitantes de la zona que argumentan propiedad y desconocen los títulos y demás documentos avalados por el Estado, en notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos. ¿Dónde está la discusión sobre el valor de la propiedad privada en los diálogos en La Habana? ¿Por qué la Fiscalía no actúa y acompaña a la Policía en las órdenes de desalojo que la justicia ha emitido en varios casos? ¿Por qué los ministerios de Agricultura e Interior se hacen los sordos ante el accionar de las comunidades en contra de la propiedad?

Si el posconflicto comienza con docenas de pequeños conflictos por tierras, nos quedan muchos años de protesta social, décadas de discusiones sobre de quién es la tierra y quién tiene propiedad sobre ella, un asunto que bien debió solucionarse en el siglo XIX, pero al que nuestros gobernantes de turno nunca le han puesto cuidado al punto de ebullición de las guerrillas y paramilitares.