Claridad “con y de las” empresas celulares

Las multinacionales, Claro y Movistar deberán pagarle a la Nación $4,7 billones por la reversión de activos representados en los bienes que debían devolverle al Estado en virtud de los contratos suscritos y que fueron prorrogados para la prestación del servicio de telecomunicaciones, que inicialmente solo era telefonía celular, pero con el paso del tiempo ha ido creciendo a la televisión por cable, datos e incluso empresas subsidiarias de información. El contexto del caso es el siguiente: la telefonía celular llegó a Colombia en 1994 cuando el Estado dio en concesión la explotación del espectro radioeléctrico, es decir, el espacio invisible por donde circulan los datos y la voz de los celulares. Pasada una década, en 2004, antenas, torres, radiobases, cables y muchos aparatos de telecomunicaciones ya eran parte de los activos estatales según el acuerdo inicial.
Cuando llegó la crisis económica de 1997-1998, el Gobierno Nacional de turno adelantó la negociación que debía hacerse en 2004, renegoció y eliminó la reversión de la infraestructura, todo fruto del lobby legislativo y ejecutivo de ese momento. La Contraloría le pone el ojo a este cambiazo de reglas y términos de los contratos y defiende el primer acuerdo entre el Estado y los concesionarios, poniendo en tela de juicio lo hecho durante 1998. El ente de control obliga en 2014 a que el Ejecutivo -en cabeza de MinTIC- demande a los concesionarios por no revertir los equipos y para no caer en detrimento patrimonial; cosa similar hacen las multinacionales contra el Estado y ayer los tribunales le dan la razón a los intereses de los colombianos y Movistar deberá pagar $1,6 billones y Claro $3,2 billones.
Hay más instancias en esta pelea jurídica en la que hay otras lecturas como es la situación de Movistar de Colombia Telecomunicaciones, pues es realmente una empresa mixta en donde el Estado deberá ser corresponsable de la misma multa, ¿una victoria agridulce? Recientemente se aprobó que los socios capitalizaran a Coltel para que esta empresa fuera viable, pero ahora algo deberá pagar el Ministerio de Hacienda de estos $1,6 billones de multa.
Pero hay un dato que pasa desapercibido en el necesario mundo de las empresas celulares y es el que tiene que ver con la naturaleza de las empresas que son jugadoras de nuestro rico mercado, pues para nadie es un secreto que tenemos más de 55 millones de aparatos activos y que estas empresas generan millonarios ingresos por sus servicios cada año. Movistar es de Coltel donde participa el Estado, es decir, es arte y parte de las normas y de las multas; Tigo tiene una importante participación de EPM, una de las compañías públicas fundamentales para el departamento de Antioquia y para el sector energético colombiano; y cierra el tercer jugador, Claro, que es la única empresa totalmente privada, tiene la mayor participación en el mercado y mantiene una dura pugna legal con la Superintendencia de Industria y Comercio por sus servicios.
El sector de la telecomunicaciones merece ser representado para dar mayor seguridad jurídica a los jugadores celulares que son fundamentales para el desarrollo de Colombia. El Estado no puede ser arte y parte en un sector tan competitivo como son las nuevas tecnologías. Cómo garantizarles seguridad jurídica a estas tres empresas donde los público se combina con lo privado y en donde más de seis organismos de control juegan en la vigilancia del mismo. No sobra decir que primero están los consumidores y es un imperativo -más allá de si son públicas o privadas- que el servicio sea excelente... que no se caigan las llamadas y que mejoren la cobertura.