Consejo de Estado y el S.O.S. por las reservas de gas

Hoy el Consejo de Estado se pronunciará sobre el recurso de súplica que presentó el Gobierno por las medidas cautelares que emitió el alto tribunal en noviembre del año pasado sobre la normatividad de 2014 para la explotación de yacimientos no convencionales, en pocas palabras, decidirá si se abre la puerta para iniciar los pilotos para hacer realidad el fracking en Colombia, tecnología que está aprobada, dicho sea de paso. Un tema que se ha convertido en un pulso entre ambientalistas -muchos desinformados- y una suerte de desarrollistas que justifican la novísima tecnología para garantizar el aumento de las reservas de petróleo y gas, y en consecuencia hacer que la economía colombiana sea mucho más competitiva. Lo peor es ese escenario de confrontación generado y auspiciado por organizaciones no gubernamentales, patrocinadas por dineros de fundaciones internacionales que obedecen a intereses extraños que quieren satanizar la explotación de yacimientos no convencionales nacionales para mantener el avance de países como Rusia en el mercado petrolero global.

Durante los últimos años, el gas como combustible de uso corporativo y domiciliario ha crecido en Colombia y se ha convertido en algo más que una alternativa energética, generando el desarrollo de un sector importante y una realidad económica. Las reservas de gas están por debajo de los 10 años, lo que aumenta el riesgo de tener que importar ese combustible en el mediano plazo con los costos para las familias y las empresas que eso representa. Si se obstaculiza el aumento de las reservas locales, se impactarían los costos de la energía, lo que golpearía tanto a los consumidores familiares como al sector empresarial. Se trata de un asunto de seguridad energética y de garantizar el autoabastecimiento de una economía que depende mucho del gas como combustible clave en el sistema de generación y de interconexión energética. Las cifras hablan por sí solas: en 2018 el costo de la generación eléctrica con gas importado representó $2 billones, una cifra que no puede seguir en crecimiento; el mismo análisis se puede hacer para el petróleo, pues el país no puede caer en la situación que experimentó en los años 80 cuando tuvo que importar crudo, tiempo en el que se disparó la deuda externa y el estancamiento de la economía.

El fracking aportaría $324 billones a la nación en un horizonte de 30 años, un escenario que, según las cuentas del Ministerio de Hacienda, equivale a 30% del PIB. La explotación de petróleo y gas mediante esta técnica aumentaría el abastecimiento hasta 7.500 millones de barriles, un total que se reflejaría en 23,7 años adicionales de reservas, con una producción que superaría el millón de barriles. En el pico de producción de los no convencionales, se obtendrían recursos anuales por un total de 1% del PIB en ingresos tributarios, así como 0,4% del PIB en materia de regalías. Según el Marco Fiscal, tal como están las cosas en este momento, la producción de petróleo se disminuiría 28,3% entre 2020 y 2030, pasando de 862.000 barriles día hasta 618.000. No es nada fácil la decisión del alto tribunal de cara a la confrontación y la polémica sembrada, pero es de lejos una decisión dentro de la ley y el bien común, que debe beneficiar a las próximas generaciones de colombianos, no a los intereses extraños que han capturado el debate mediático difundiendo mensajes erróneos que se propagan como pólvora.