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Construir casas necesita activar los subsidios

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El sector de la construcción es la espina dorsal del empleo formal y la disminución de precariedades; si el gobierno no activa los subsidios, perderá el impulso de cambio

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La oferta del Grupo Nutresa por la cadena de hamburguesas Presto es una de esas jugadas empresariales que no solo son dignas de estudiarse en las escuelas de negocios, sino que se convierten en una apuesta por la preservación del empleo formal de miles de trabajadores. Lo de Nutresa y Presto es algo muy positivo para la economía.

Diario La República · Construir casas necesita activar los subsidios

La construcción de viviendas, bodegas, oficinas y obras de infraestructura aporta al PIB colombiano entre 4% y 5%. Esta actividad es la espina dorsal del empleo formal y una herramienta clave para disminuir las necesidades básicas insatisfechas, como la vivienda, al tiempo que reduce las precariedades del parque inmobiliario público. Una economía que se enfoca en la construcción como epicentro de su desarrollo no solo reduce la pobreza, sino que dinamiza las demás actividades económicas; un ejemplo de ello es el sector financiero, que se beneficia de la inherente bancarización a través de los créditos hipotecarios.

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La historia económica local demuestra que cuando un gobierno apuesta por la construcción como eje del desarrollo, el PIB crece, el desempleo disminuye y se reduce la pobreza multidimensional. Lograr que la inmensa mayoría de las familias colombianas tengan una casa propia es contribuir al verdadero desarrollo. Las corporaciones de ahorro y vivienda de Pastrana, las casas sin cuota inicial de Betancur, las casas gratis de Santos o el programa “Mi Casa Ya” de Duque son claros ejemplos de que, si existe compromiso por parte del Ejecutivo, la construcción deja la impronta de los gobernantes en la sociedad.

El presidente Abelardo de la Espriella debe acelerar un plan de desarrollo que incluya su programa “Casa Milagro”, para que esta política pública llegue a todos los rincones del país. Esto evitaría que la protesta social radicalizada, vista en países desarrollados, aterrice en Colombia de la mano de los jóvenes: esas nuevas generaciones que hoy no encuentran soluciones habitacionales a su alcance. Construir casas al costo y ponerlas en el mercado no es un negocio viable. Los precios de la tierra, de los materiales, de las nuevas tecnologías y de la mano de obra están por las nubes, lo que haría que el costo real sea inalcanzable en el segmento de viviendas de interés social.

Por esta razón, casi todos los gobiernos subsidian la construcción enfocada en reducir el déficit habitacional, el cual en Colombia supera las 300.000 viviendas nuevas y cuenta con casi medio millón de unidades que requieren mejoramiento o reconstrucción. Hoy más que nunca, la idea de la “Casa Milagro” se perfila como el motor de la economía. Existen diversos caminos para subsidiar al sector. El más simple es ayudar, a través de las cajas de compensación, a que las familias vulnerables reúnan el dinero de la cuota inicial; otro consiste en subsidiar la tasa de interés cobrada por el sector financiero, o incluso apoyar a las empresas que desarrollan programas corporativos de vivienda para sus empleados.

Tener un lugar donde vivir no solo es una necesidad individual, sino un propósito familiar que los gobiernos deben interpretar como un imperativo de sus políticas públicas. Se trata de una actividad que articula la oferta y la demanda como ninguna otra, y que obliga a los ministerios comprometidos a trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores para generar movilidad social y una inherente mejora en los servicios públicos. Plantearlo suena fácil: la construcción de viviendas necesita ayuda pública para hacer realidad el sueño de un techo propio.

Antes de que esta administración cumpla sus primeros 100 días, debería comprometerse no solo con las constructoras y el sistema financiero, sino con las personas que planean acceder a un hogar. Y, por qué no, permitir también que quienes ya tienen casa propia y cuentan con los ingresos suficientes inviertan en viviendas para rentas de larga o corta duración; o bien, que adquieran una segunda propiedad que les permita mejorar su pensión o disfrutar de vacaciones en algunos de los municipios más acogedores de Colombia.

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