Consulta previa y las lecciones aprendidas

El pasado junio, Ecopetrol y Petrobras anunciaron el inicio de la perforación del pozo Uchuva 2, en el Bloque Tayrona, en el Caribe colombiano, como parte del compromiso de incorporar el gas natural que el país necesita para apalancar la transición energética justa.

Dicho proyecto tenía el carácter de evaluador, lo que quiere decir que permitiría validar la dimensión del descubrimiento de gas natural anunciado en julio de 2022 en el pozo exploratorio Uchuva 1, ubicado en aguas profundas (837 metros de lámina de agua), aproximadamente a 32 kilómetros en línea recta desde el litoral y a 76 kilómetros de Santa Marta.

Ecopetrol se había dado a la tarea de consolidar y desarrollar un portafolio de proyectos costa afuera que permita obtener el gas para responder a las expectativas de la transición energética. Todo iba bien hasta que un juez municipal prohibió la exploración y explotación del proyecto Uchuva 2, hasta que se realicen las consultas previas con las comunidades étnicas de Taganga, lo que mató las esperanzas de todo el país de garantizar la autosuficiencia gasífera.

El problema es que Colombia tiene el gran reto, dada la disminución sistemática de las reservas de gas y sin planes a corto plazo, de satisfacer esa necesidad. Es un hecho que sin más gas en el mercado, habrá desabastecimiento en menos de dos años, lo que llevará al traste la tan mencionada transición energética que cuenta con el gas como combustible bisagra.

Ya el Ministerio del Interior presentó un recurso de apelación para obtener un fallo en segunda instancia que permita reanudar los trabajos de exploración en el pozo, lo que no se entiende es cómo la decisión de un juez puede golpear el interés de todos los colombianos.

Claro está, se ampara en las debilitadas consultas previas que se han convertido en la piedra en el zapato del desarrollo socioeconómico, pues todo puede ser susceptible de enredarse en un país santanderista y lleno de derechos, más no deberes, con el progreso nacional. Reducir la pobreza y disminuir precariedades de más de 15 millones de personas es el imperativo para todos los gobernantes, pero si las mismas comunidades pobres se oponen a cualquier pozo, carretera, acueducto o distrito de riego de interés nacional, será imposible ver una Colombia rica y en paz en las décadas venideras.

Las consultas previas son una lección aprendida que deben pasar a otra etapa que no sea el negocio para unas ONG o unos abogados, y se vele más por el desarrollo nacional que garantice mayor crecimiento económico. Son un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, de poder participar en proyectos de impacto dentro de sus territorios, para proteger su integridad cultural, social y económica, pero se olvida que hay que garantizarles el derecho a la participación sin perjudicar al resto de los colombianos.

El derecho de los pueblos se perjudica cuando negociantes inescrupulosos de las consultas previas logran sus objetivos administrativos, pero al mismo tiempo, dejan postradas a las comunidades en una pobreza peor. Las consultas previas son una artesanía en los países latinoamericanos que debe evolucionar hacia el verdadero bienestar de los pueblos; ya en varias naciones vecinas esta etapa está pasando a otra fase de trabajo colaborativo en función del progreso nacional, no solo oposición por oposición, hacia unas políticas de Estado duraderas y medibles de reducción de la pobreza.