Contratación pública y pliegos sastre

Con la firma del decreto que crea los denominados pliegos tipo para la contratación de infraestructura y transporte en todo el país, se le pone coto a los carteles de únicos proponentes y se empieza a cortarle las posibilidades de fraude a los contratistas del Estado, indistintamente si son de orden nacional, regional o municipal.

El objetivo es contar con reglas claras y lineamientos homogéneos para este tipo de contratos públicos, en la actualidad cada gobernación o alcaldía establece sus propias directrices, por lo general, privilegiando a los contratistas que han apoyado sus campañas o lo que es peor a sus familiares. Hacer negocios con el Estado es la única alternativa de trabajo que existe en varias regiones desde hace muchas décadas, situación que ha engendrado mafias de contratistas que patrocinan alcaldes, gobernadores y presidentes para que estos les devuelvan los favores económicos con contratos a la medida que, dada la formulación excluyente, los deja sin competidores desde que se elabora el contrato o la licitación pública.

Con esta iniciativa continuada por el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se cierra una iniciativa de tiempo atrás que había sido liderada por los mismos gremios de la construcción. Empecemos por aclarar qué son los pliegos tipo: son condiciones estándar que deben cumplir los proponentes para contratar con el Estado colombiano, en los cuales el Gobierno acaba de reglamentar en lo que tiene que ver con las condiciones habilitantes, así como los factores técnicos y económicos de escogencia de conformidad con cada modalidad de selección y la naturaleza y cuantía de los contratos estatales.

La Ley implementa la obligatoriedad de los pliegos tipo para contratos de consultoría e interventoría de obra pública, permitiendo al Gobierno poder extender su ámbito a otros contratos o procesos de selección en los que considere necesaria su aplicación. ¿Cuál es el objetivo de los pliegos tipo? El objetivo de los pliegos tipo es disminuir la corrupción por medio de la eliminación de los pliegos sastre, conocidos de esta manera por estar diseñados a la medida de contratistas específicos y proponentes únicos.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura con Juan Martín Caicedo Ferrer a la cabeza, ha estado liderando esta iniciativa gubernamental desde hace un par de años y solo hasta ahora se logra esta realidad legal, según sus palabras, “parte en dos la historia de la contratación, porque no es desconocido el hecho de que, en algunos departamentos, la contratación pública estaba cooptada por unas mafias, más de 80% de los contratos en los municipios conducían a únicos oferentes o conducen a únicos oferentes”. Desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros también se ha apoyado la iniciativa que ahora es una norma de cumplimiento legal y que evitará la práctica corrupta de comprometerse a aportar una parte de los contratos a los funcionarios de la entidad o terceros.

Si bien esto no es la panacea que liquidará la corrupción en la contratación pública, sí es una manera de ponerle un torniquete al desangre del presupuesto que iba directo a contratistas que no hacían las obras públicas o que las terminaban en condiciones muy deficientes. Ojalá este tipo de iniciativas que ha desarrollado este Gobierno empiecen a cambiar la cultura de saqueo de las bienes públicos que tanto preocupa.