Cuando más del mínimo, se volvió el mínimo

La realidad empleadora es muy simple: el Presidente de Colombia por medio de un decreto subió tres veces el porcentaje de incremento salario mínimo frente a la propuesta de los empresarios, y de pasó convirtió el alza en una bomba de tiempo para los costos fijos, y de paso, hacer volar por los aires los modelos económicos para 2026.

Gustavo Petro, casi siempre decretó el alza durante su mandato porque lo ha considerado un acto político más que una conciliación económica y basado en el Articulo 53 de la Constitución que habla de un salario mínimo vital para que una persona pueda vivir por encima de un precio de mercado. La situación a la que que se enfrentan los empresarios es que el monto del salario mínimo para el nuevo año, sea ajustado en 23%, el más alto aplicado en una sola vigencia en la historia reciente, es decir, el sueldo mínimo será de $1.750.905, pasará de $1.423.500 a $1.750.905, el auxilio de transporte se situará en $249.095, quiere decir que en total el salario mínimo quedaría en $2 millones, en dólares será US$540 mensuales.

La discusión política gravitará en el el concepto de salario mínimo vital, sobre el cual la Organización Internacional del Trabajo, OIT, planeta que ese “salario vital” necesario para un hogar, que en promedio es de tres personas -según las estimaciones del Dane para el caso colombiano- se ubicó en $1,6 millones en 2024. Al ajustar esta cifra con la inflación estimada para 2025 (que sería de 5,3%), el salario vital alcanzaría aproximadamente $1,7 millones. Argumenta el Gobierno que si ese valor se actualiza a la inflación proyectada para 2026 (4,54%), dicha remunera subiría a cerca de $1,8 millones. Al comparar esta cifra con el salario mínimo vigente en 2025, que es de $1,4 millones, se calcula una brecha cercana a 28,3%, explicó el jefe de Estado en una alocución, la más vista en mucho tiempo.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia manifestó su preocupación por el incremento del salario, al advertir que la decisión fue adoptada de manera unilateral por el Gobierno y por fuera de los mecanismos de diálogo social tripartito establecidos en la Constitución y la legislación laboral vigente. “La falta de concertación genera riesgos relevantes para la economía y para los hogares colombianos, en especial por su impacto potencial sobre la inflación, los precios de bienes y servicios, el empleo y las finanzas públicas. La inflación es una de las variables que más afecta a la población en condición de mayor vulnerabilidad”.

Lo más paradójico es que mientras el Gobierno Nacional decreta el salario mínimo, al mismo tiempo busca sensibilizar sobre una emergencia económica basada en el alto déficit fiscal que cerrará el próximo año en 7,5%, no se puede hablar una eventual alerta roja en las cuentas nacionales, mientras se aumentan más los salarios estatales. Con el aumento de 23%, el mínimo será de $1.750.905, y el costo para la empresa o el Estado aumentará por encima de $2,8 millones.

Esto producto de un auxilio de transporte que será de $249.095; el aporte a las primas de $166.600; los intereses de las cesantías de $20.000; el pago de las vacaciones por $73.012; y el aporte a las cesantías de $166.600; esto da como resultado un costo total para la empresa de $2.864.324 millones por trabajador al mes.