De regreso a un centralismo asfixiante

Hay muchas evidencias que demuestran que la descentralización se ha quedado en el papel y que el texto de la Constitución que pone a los municipios como la entidad fundamental del Estado, es un título más. El Gobierno se inmiscuye en todo tipo de asuntos, incluso en los más simples de la vida de las ciudades y determina el comportamiento y proceder de las autoridades locales, a la manera que un profesor le dice a sus pequeños alumnos cómo deben cuidar o hacer sus tareas elementales.

Mientras en el mundo, la globalización abre las puertas a las regiones como centros de desarrollo que compiten y el Estado-Nación pierde terreno, en nuestro país desafortunadamente ocurre todo lo contrario: desde el Gobierno Nacional se decide todo, se dicta todo y se pretenden arreglar todos los problemas locales, en una especie de retorno al centralismo asfixiante, ineficiente y arbitrario.

Por ejemplo, las últimas manifestaciones y protestas han tenido como protagonistas centrales a ministros y funcionarios del gobierno que van y vienen llevando propuestas y documentos, en tanto que gobernadores y alcaldes son convidados de piedra, cuando la verdad es que son ellos quienes conocen de cerca lo que pasa en sus respectivas jurisdicciones. Así pasó con el paro en el Catatumbo y está ocurriendo con el paro de los mineros informales. Al cabo de varios días, a esos tecnócratas les queda muy fácil concluir que los paros tienen el apoyo de grupos de oposición o que son maniobras de terroristas.

Por ahí no es la cosa. El Gobierno debe acompañar a las autoridades locales en la solución de los problemas y brindarles el apoyo financiero cuando se necesite, pero sin acabar con la autonomía que tienen las autoridades locales frente a su comunidad. Nadie discute que las decisiones macro corresponden al Gobierno, que se planea desde un Estado central, que hay asuntos políticos que se dictan desde la cúpula, pero consecuentemente la responsabilidad debe asumirla el centro y no la periferia. 

Construir cien mil casas, asignándolas en forma arbitraria en cada región por el prurito de satisfacer las apetencias políticas de un ministro que despedía rápidamente, implica unas responsabilidades que no deben recaer sobre gobernadores y alcaldes sino sobre quienes tomaron las decisiones. Es así de simple.

Hay que retomar el camino que da a las regiones la posibilidad de regir su propio destino y de administrar su territorio. Deberían ir más allá, pero solo con eso seria suficiente. Incluso ahora que un acuerdo de paz está a la vuelta de la esquina es prioritario que le demos más juego a los líderes regionales y locales, pues solo ellos tienen el pulso del costo verdadero del postconflicto. Colombia se debe construir desde las regiones porque eso esto: un país de regiones.